Enrique Javier Díez Gutiérrez
Vivimos una época, en Europa,
de dictaduras económicas que perpetran el genocidio y la barbarie
desde los cómo- dos
despachos de Wall Street y desde el Ibex 35. La tasa de suicidios en Grecia ha pasado, en solo tres años, de ser la más baja a ser la más alta de Europa, a causa del increíble
saqueo que algunos denominan crisis.
En esta guerra
sin cuartel, vemos cómo la práctica totalidad de políticos conservadores y socialdemócratas mantienen la supuesta insostenibilidad del estado de bienestar en pleno siglo XXI y cómo se pelean por competir en una loca carrera para ver quién adelgaza
más o suprime todos los sistemas de protección y solidaridad que afectan a la mayoría,
para salvaguardar el sistema financiero y las leyes del mercado que benefician a la misma minoría
de siempre.
Una de estas víctimas
colaterales es la educación
pública. Nos cuenta Naomi Klein (2010), en su famoso libro La doctrina del shock, que Milton
Friedman, gurú del
neoliberalismo, afirmaba que la catástrofe provocada
por el huracán Katrina en el 2005 era una tragedia,
pero también “una oportunidad para emprender una reforma
radical del sistema educativo” porque en lugar
de reconstruir y mejorar el
sistema de educación pública de Nueva Orleans, entregarían cheques escolares a las familias, para que estas pudieran dirigirse a escuelas
privadas. La administración de George W. Bush apoyó sus planes y en menos de diecinueve meses, en con- traste con la parálisis con que se repararon los diques,
las escuelas públicas de Nueva
Orleans fueron
sustituidas, casi en su totalidad, por una red de “escuelas chárter”, escuelas
originalmente creadas y construidas por el Estado que pasaron
a ser gestionadas por empresas privadas, según sus propias reglas. De 123 escuelas públicas,
solo quedaron cuatro. Los maestros y maestras de la ciudad fueron des- pedidos. Algunos de los profesores más jóvenes fueron a trabajar a las escuelas chárter, con salarios reducidos.
Capitalismo del desastre
Estos ataques organizados contra los servicios
públicos, aprovechando crisis provocadas para generar “tales oportunidades de negocio”, es lo que Klein de- nomina “capitalismo del desastre”. En España, el Partido
Popular está aprovechando la “oportunidad” de la crisis para consolidar el saqueo de la educación pública, siguiendo las propuestas de Fried-
man de actuar con rapidez, para imponer los cambios rápida e irreversiblemente. Klein estima que una administración dis- fruta de seis a nueve meses para poner en marcha cambios legislativos importan- tes que generan un estado de shock en la población
que facilitan el “tratamiento de
choque” del programa de ajuste. Se deben aprovechar momentos de trauma colectivo para dar el pistoletazo de salida a reformas económicas y sociales
de cor- te radical,
pues se tiende a aceptar
esos “tratamientos de choque” creyendo en la promesa
de que salvarán de mayores desastres.
Se busca consolidar y aumentar la diferenciación de las dos redes de educación
El ministro
Wert ha iniciado así una “educación de desastre” que apunta de forma persistente a recortar
la extensión del derecho a la educación pública para toda
la ciudadanía. Apuesta –como dice el
profesor Viñao (2012)– por la exclusión de una cierta parte de los que han sido incluidos, en el último medio siglo, en el proceso de escolarización creciente de la población, mediante estrategias que están siendo reforzadas: el endurecimiento de las exigencias para promocionar, fortaleciendo así el carácter selectivo, incluso en los niveles obligatorios; la consolidación de
itinerarios o ramas paralelas
a edades cada vez más tempranas; la segregación
en forma de grupos clase, según capacidades; el establecimiento de diferenciaciones competitivas relevantes entre centros docentes
de un mismo nivel, etapa o
ciclo obligatorio (centros de excelencia, bilingües, etc.).
Estrategias que se ven acompañadas simultáneamente de la reformulación del principio de gratuidad, mediante la ex- tensión
de los conciertos o subvenciones a la enseñanza
privada, la implantación de
los cheques o bonos escolares, introduciendo sistemas
de repago, aduciendo
que es necesario
asumir la “responsabilidad” del coste real de la educación.
Por otra parte, se busca también
con- solidar y aumentar la diferenciación de las dos redes de educación: el sector público centrado en atender a quienes
sean re- chazados por el sector privado o no hallen acomodo en el mismo, y en dar servicio en aquellas zonas, como las rurales, que no
son rentables para la iniciativa privada. Permanecerá así la educación pública como una red subsidiaria de la privada,
de cuya financiación se desentienden progresivamente el Estado y las comunidades autónomas, con progresivos recortes: reduciendo el número de profesores e incrementando el número de alumnos por profesor y las horas lectivas
del profesorado; la desaparición o reducción
de pro- gramas de refuerzo o apoyo, desdobles y atención a la diversidad, tutorías, módulos de formación profesional, servicios de orientación o biblioteca, ayudas para adquisición de libros de texto, comedores y actividades extraescolares, etc. Recortes acompañados, ante la oposición de la comunidad educativa, de una campaña de criminalización de toda protesta, y de des- crédito del profesorado y de los sindicatos. Mientras, se fomenta el proceso de privatización
educativa mediante la cesión de suelo público o la adjudicación directa a empresas de la explotación de centros públicos;
la creación de zonas únicas de escolarización (eliminando el criterio de proximidad y de distribución equilibrada de todo
el alumnado
a la
hora de la matriculación); la ampliación de los criterios de los centros concertados para seleccionar a su alumnado;
el establecimiento de mecanismos para financiar públicamente más tramos de la enseñanza privada como la educación no obligatoria (la concertación de todo el Bachillerato) o las desgravaciones fiscales para quienes lleven a sus hijos e hijas a colegios privados.
La educación, ¿causa social o imperativo económico?
En paralelo
se extienden medidas de privatización de la red pública mediante la introducción de técnicas de gestión de
la empresa privada en la dirección y organización de los centros
educativos, con sus indicadores de resultados medibles, lo cual permite establecer sistemas de “rendición de cuentas” y “rankings comparativos”, así como la gestión “flexible” desde la dirección-gerencia de los “recursos humanos” (facilitado con la actual reforma
laboral) o el establecimiento de fórmulas contractuales (contratos- programa) de “gestión por objetivos” y “pago por resultados”, para la financiación y sostenimiento de los centros (dar más a las escuelas o al profesorado que mejores resultados académicos obtienen). Medidas de comercialización que avanzan en la utilización de los centros por
empresas privadas que llevan a cabo actividades lucrativas complementarias
en horario escolar o fuera
del mismo; el fomento de la financiación externa (publicidad, alquiler de locales, patrocinio privado, máquinas expendedoras de pro- ductos, etc.), que convierte el centro docente en un espacio más comercial que educativo; la externalización o subcontratación de actividades extraescolares, comedores, formación del profesorado, evaluación de los centros, etc.
Se está produciendo, así, una mutación en
la concepción del derecho a la educación: si durante años la educación fue una causa social, ahora se concibe como un
imperativo económico al servicio de la economía y de su competitividad. La formación
y el conocimiento se convierten en un bien privado, en una ventaja competitiva para insertarse en el futuro mercado laboral. Las nociones de igual- dad, emancipación y democracia
han sido reemplazadas por un discurso
de excelencia, autonomía financiera y reducción de costes.
Los argumentos
para esta “guerra ideo- lógica” son los mismos que se aplican a todos los servicios
públicos: defendemos la libertad de elección del consumidor; lo público es ineficaz y tenemos que establecer mecanismos de control de resulta- dos y rendición de cuentas; lo privado surge de la iniciativa social y apoyarla
es satisfacer la demanda social; la reducción de
gastos sociales son ajustes necesarios para garantizar
los servicios y derechos sociales,
para mantener un servicio público sostenible, etc.
Debemos combatir
este nuevo neoconservadurismo desigualitario que nos inunda, reclamando un sistema público de educación inclusiva que garantice el derecho a la educación
de todos y todas, que cubra la necesidades de plazas escolares de todo el conjunto de la población, que
asegure la suficiente calidad en cada centro para que todo el alumnado
pueda recibir el máximo posible de oportunidades en su aprendizaje y desarrollo personal y profesional.
Todo esto no es posible con el brutal recorte de los presupuestos en educación al que estamos asistiendo a nivel
estatal y autonómico de la mano de los últimos gobiernos. En cualquier caso, es imprescindible que se garanticen los recursos suficientes para afrontar una educación
pública, para todos y todas, que alcance el 7% del PIB en gasto público educativo. Solo así se podrá hacer realidad la mejora del sistema educativo
y el derecho
universal a una educación de calidad en condiciones de igualdad.
Por eso, ahora más que nunca, es necesario
articular un amplio espacio de con- fluencia
en la defensa de lo público como garante de nuestros
derechos sociales. Y en ese empeño debemos
construir colectivamente un discurso sólidamente funda- mentado que se contraponga y contrarreste el lenguaje neorwelliano dominante del PP, que con su ambigua retórica (libre elección de centro,
gobernanza…) oculta intereses neoliberales puramente mercantilistas, buscando convertir este derecho en una oportunidad de negocio, a la vez que perpetúa
un modelo social neoconservador segregador y excluyente, que refuerza los aspectos
más autoritarios, competitivos, academicistas y religioso-confesionales.
Nos jugamos
el futuro de nuestros hijos e hijas. Educación o barbarie,
no hay neutralidad
posible. Si hay miles de millones
de euros para rescatar
a los bancos y no para la educación pública es porque nuestro Gobierno
ha decidido destinar nuestros impuestos
a “rescatar” a esa minoría causante del expolio y no a “financiar” las necesidades básicas de la mayoría. Actuemos en consecuencia, porque los recortes en educación
suponen un auténtico suicidio social
y educativo.
Artículo publicado en Cuadernos de Pedagogía, Enero del
2013 (Nº 430)
