by Carlos Aldana
Afirmar que la educación es la clave central o
fundamental para el desarrollo es negar la necesidad de justicia e igualdad
económica, de pago de impuestos, de sostenibilidad de las políticas sociales de
bienestar o desarrollo social.
Los pedagogos hemos colocado esta trampa en el discurso y
el lenguaje más cotidiano sobre educación, aunque provenga del mundo
sociológico y economista: La educación es la clave para el desarrollo.
Su énfasis siempre ha sido en relación a la educación
escolar, y sí, por supuesto, es un factor importante para el desarrollo de
cualquier sociedad. Pero que sea “el” factor o “la” clave central para que un
país alcance el desarrollo, ya es realmente muy discutible.
Cuando los grandes poderes económicos y políticos de
nuestros países insisten en que “la educación es la clave para el desarrollo”
lo hacen con la intención de ocultar que estos elementos tienen que comprenderse
de manera dialéctica. No se atreven a cambiar el orden de los factores y decir
que “el desarrollo es la clave de la educación”.
Cuando las condiciones económicas, sociales, políticas y
culturales reflejan el acceso igualitario y sostenido de toda la población a
todos los derechos humanos (principalmente los llamados de “segunda
generación”), el acceso, la permanencia y el egreso satisfactorio del sistema
educativo aparece como una de sus consecuencias. Para tener un sistema
educativo de calidad, necesitamos previamente de unas condiciones generalizadas
de vida, también, de calidad. El círculo virtuoso que precisa de unas
condiciones concretas básicas.
En países, como los latinoamericanos, la riqueza se
encuentra desigualmente distribuida de manera muy plena y evidente. El
desarrollo no ha tenido lugar porque se ha privilegiado el crecimiento
económico que concentra la riqueza y amplía la pobreza.
Afirmar que la educación es la clave central o
fundamental para el desarrollo es negar la necesidad de justicia e igualdad
económica, de pago de impuestos, de sostenibilidad de las políticas sociales de
bienestar o desarrollo social. Es ocultar que la pobreza exagerada en nuestros
pueblos se deriva de una riqueza también exagerada y concentrada en pocos. Es
evitar la revolución. La trampa funciona porque se oye bien, porque casi nadie
se atreve a negar el postulado en mención. Y porque también falta por discutir
de qué desarrollo se habla.
Que no existan suficientes escuelas públicas de calidad,
con docentes calificados y suficientes, que sus recursos e inmuebles sean tan
precarios, son muestras del subdesarrollo económico y social que no podrá
transformarse con más graduados que se sumen al ejército de desempleados ya
existente.
Tómese en cuenta, además, que países con altos niveles de
escolarización nos vienen sirviendo de ejemplo de cómo las condiciones
económicas y políticas son cruciales y centrales más allá del romanticismo de
pensar en la educación como salvadora o palanca de los cambios de la vida
cotidiana. Lancemos una mirada a países con historia de alto nivel educativo
formal, y veremos que sus pueblos sufren de empobrecimiento, de exclusión y
sobre todo, de violencia en todas sus formas. En el otro polo, en el área
centroamericana, principalmente en el llamado “Triángulo Norte” (Guatemala, El
Salvador y Honduras), la realidad educativa es muy precaria y demuestra el
subdesarrollo histórico y estructural, del que se aprovechan unas élites que
cuentan con sistemas e instituciones educativas muy diferentes. Que, además,
patrocinan las investigaciones y discurso público que insiste en que la
educación va a salvar al país. Claro,
piensan en la educación privada y en la educación acrítica que no lanzan
miradas políticas sobre la realidad.
No puede negarse que la educación no crea los cambios
sociales, pero también que estos no pueden llegar sin la educación. Eso sí,
solo en la medida que esta es interdependiente con los procesos económicos,
sociales y culturales que aseguren una vida digna de cada persona.
Y solo en la medida que educarnos represente la capacidad
de comprender y transformar los fenómenos y circunstancias que niegan el acceso
igualitario a lo que hoy es exclusivo de unos pocos.
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