Acoso y derribo de la Educación Pública

by Rosa Cañadell

INTRODUCCIÓN

Estamos asistiendo, perplejos y aterrorizados, a un acoso y derribo de la educación pública. Recortes presupuestarios, incremento del número de alumnos por aula, aumento de las horas lectivas para el profesorado, congelación de oposiciones, sustituciones que no llegarán hasta pasados diez días, contratos precarios con una disminución de horario y sueldo para las personas substitutas, desmantelamiento de programas para atender a la diversidad, disminución de becas, aumentos estratosféricos en las matrículas universitarias, miles de docentes echados del sistema y abocados al paro... restricciones financieras para el funcionamiento cotidiano de los centros, paralización de nuevas construcciones, disminuciones sucesivas de los salarios ... son algunas de las estrategias seguidas por nuestros gobiernos, central y autonómicos, para desmantelar definitivamente esta educación pública que tanto costó construir después de 40 años de dictadura y abandono educativo por parte del estado.

La excusa para todo ello es la famosa crisis y la presunta falta de dinero público, lo que impide al Estado cumplir con su obligación para con sus ciudadanos más vulnerables: el alumnado, los niños y niñas, adolescentes y jóvenes en etapa de formación. Pero, como ya han señalado innumerables voces, esta imposibilidad del estado para hacer frente al mandato constitucional de proveer de una educación pública a  todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, no es real. El dinero existe y el problema es como se recauda y como se utiliza. Así pues, como se viene denunciando, de lo que se trata es de como se afronta esta crisis y como se sale de ella, lo cual es una opción política y no un imponderable caído del cielo. Las medidas que se vienen aplicando, desde el inicio de esta crisis, no sirven para salir de ella, pero sí son ideales para desmantelar todos los servicios públicos, extorsionar a los trabajadores y a las clases menos favorecidas y aumentar la tasa de ganancia del capital.

Pero, además, esta estrategia neoliberal, no trata sólo de disminuir el dinero público destinado a los servicios, sanidad, educación, servicios sociales, etc. sino que responde, también, a otros objetivos que forman parte igualmente de la doctrina neoliberal, para los cuales, la crisis sirve de excusa y no de causa.

En este sentido los laboratorios de ideas financiados por entramados financieros, empresariales e instituciones políticas contemplan los servicios públicos como un obstáculo para sus intereses. Cualquier instrumento susceptible de compensar desigualdades, que sea gratuito, universal y no discriminatorio, con garantías laborales y que resulte, a la vez, fuente de ocupación pública es acusado, contra toda evidencia, de  poco productivo, oneroso, escasamente dinámico y obsoleto. A lo largo de las últimas décadas, los diversos lobbies empresariales no han cesado de atacarlo y difundir propaganda negativa frente a la pretendida “eficiencia, eficacia y productividad” del sector privado. Esta creencia, vehiculada a menudo mediante medios de comunicación controlados por el empresariado o las fundaciones privadas y escuelas de negocios, ha influido a menudo en la opinión pública y ha preparado el terreno a las administraciones públicas para  atacar, debilitar y, finalmente, propiciar el desmantelamiento del sector público.

En cuento a la educación, el objetivo no es sólo una disminución pasajera del presupuesto, sino implementar un gran cambio de paradigma que se viene fraguando desde hace tiempo y para el que la crisis funciona como una excusa ideal. Detrás de todos los recortes, propuestas y contrapropuestas, se esconde un debate mucho más profundo, mucho más ideológico y de mucha más trascendencia para el futuro de la educación en general y para el futuro de nuestra sociedad. Pero este debate no acostumbra  a ser visible como tal, no es explícito y, por lo tanto, a pesar de su importancia, no puede ser realizado de forma abierta, sino a través de cuestiones mucho más puntuales, como la crisis o el déficit público, que, de hecho, están encubriendo el debate principal.

CAMBIO DE PARADIGMA

La globalización neoliberal se caracteriza por una expansión territorial y sectorial del capitalismo, y en este sentido hace años que llegó ya al sector educativo, tratando de imponer  un gran cambio del sentido y los objetivos que durante muchos años ha tenido la educación: se trata de abandonar la idea de “educación como servicio público, como un derecho básico de toda la ciudadanía, con el objetivo de proporcionar a todos los niños y jóvenes una formación integral”, y pasar a planificar una “educación al servicio de la economía, entendida ya no como un derecho universal, sino como una inversión personal”. Este nuevo concepto de educación tiene dos vertientes: abrir el mercado educativo, que supone miles de millones de euros, para que las empresas privadas puedan realizar negocios en este mercado, y por otra parte se trata de ofrecer una formación al servicio de las empresas, adecuándola a las necesidades del mercado de trabajo.

EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA, LAICA Y DE CUALIDAD

Partíamos del viejo paradigma que considera que la educación es un derecho universal y un bien público, al que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a acceder y la Administración tiene el deber de garantizar, en condiciones de calidad y de igualdad. Este modelo es el que considera que la educación es un factor de desarrollo personal, de emancipación social y una de las herramientas para hacer posible una sociedad cohesionada, inclusiva y justa. Este modelo se enmarca en todas las tradiciones en defensa de una escuela pública, gratuita, laica y de cualidad, que ofrece una verdadera igualdad de oportunidades y que trata de formar personas con capacidad para vivir y participar en una sociedad democrática. Este modelo considera que la educación es un servicio público que debe ser financiado por el Estado y llegar al máximo número posible de población, a fin de que todas las personas puedan satisfacer su derecho a la cultura y a la educación. Este modelo centra su preocupación en buscar los contenidos, valores y metodologías que mejor puedan ayudar a una educación global y puedan compensar el desigual capital cultural y social con el que el alumnado llega a la escuela.

Con la recién estrenada democracia, se construyó una educación pública con la participación activa del profesorado, y con el estímulo y el apoyo de los poderes públicos. Una escuela pública que tuvo como reto la igualdad de oportunidades, la democratización de los centros y las buenas prácticas profesionales. Un modelo que dio sus frutos y, por primera vez en mucho tiempo, las clases populares accedieron a la universidad.

Hasta ahora el principal obstáculo que había tenido que afrontar la escuela pública era —y continúa siendo— la falta de los recursos necesarios para su buen funcionamiento. Y de esta situación ha resultado beneficiada la red de escuelas concertadas. Pero al menos se había respetado el carácter propio de la enseñanza pública, esto es, su gratuidad, su aconfesionalidad y pluralismo ideológico, así como su apertura a todos los estamentos sociales, lo que ciertamente la hacía acreedora de su título de servicio público, tanto por transmitir una cultura compartible por toda la ciudadanía, como por ser el instrumento más adecuado para compensar las desigualdades de origen, contribuyendo de este modo a aumentar la cohesión social.

LA EDUCACIÓN NEOLIBERAL

Desde finales de los años 90 la política educativa a nivel internacional se ha redefinido en virtud de las necesidades del capitalismo en su versión neoliberal. En muchos países, incluyendo el nuestro, la política educativa oficial se ha modificado con el objetivo de responder a la sociedad de mercado; los valores de la empresa han empezado a suplantar a los antiguos ideales humanistas y una versión   pragmática de la educación, ha cobrado vigor a lo largo y ancho del mundo mundial y en la mayoría de las instituciones de diferentes niveles y modalidades educativas.

Una característica de esta nueva etapa es la creciente intervención de los organismos internacionales en el ámbito educativo: desde la OMC se preconiza la abertura del mercado educativo y la liberalización de este servicio, el Banco Mundial  “recomienda” la privatización y la gestión empresarial de los centros educativos, la competitividad entre las escuelas, la imposición de unas “competencias básicas” que intentan orientar los contenidos de la educación a nivel mundial adecuándolos a las necesidades de los puestos de trabajo, una disminución del gasto público destinado a la educación y un aumento del financiamiento individual (la educación, como toda inversión, ha de pagarse), y una gestión de los sistemas educativos capaz de rentabilizar los gastos y que aumente la eficiencia.

Desde la OCDE se propagan también políticas educativas al servicio de la economía, siendo una de las principales aportaciones los famosos indicadores PISA, que intentan evaluar a todos los jóvenes de todos los países del mundo con las mismas pruebas, elaborando después una lista sobre la “calidad educativa” de cada país. De hecho, el ranking de los resultados de los informes PISA acaban decidiendo qué es calidad, y de manera indirecta, acaban orientando los currículos, pues todos los países desean adelantar puestos en el ranking y, por tanto, acaban imponiendo unos conocimientos coincidentes con aquellos que PISA evaluará.

Finalmente, las orientaciones de la UNESCO, única institución formada por ministerios de Educación, que desde los años 70 ha promovido una educación entendida como una herramienta de emancipación, han perdido toda su fuerza y la institución ya no posee ningún poder.

Este modelo neoliberal parte de la base que la educación es un bien individual y su valor es básicamente económico y, por lo tanto, debe estar sujeto a las leyes del mercado como cualquier otra mercancía. La educación, así entendida, pasa a estar al servicio de la economía en su doble vertiente: por un lado, debe ser “adaptada” a las necesidades de las empresas y del mundo laboral y, por otro, debe ser “rentable”, o sea gestionada con criterios empresariales y ser susceptible de negocio privado. Este modelo educativo no considera ya que es el estado el que garantiza el derecho a la cultura y a la formación, sino que son los individuos los que deben “invertir” en educación, con lo que los “educandos” o sus familias, se convierten en los nuevos “usuarios”, con derecho a elegir y a exigir resultados satisfactorios que rentabilicen su “inversión”. Y los educadores, a su vez, pasan a ser meros trabajadores al servicio de las demandas del mercado, que se limitan a implementar currículums y metodologías que los “expertos” decidieron y que los nuevos gestores de los centros educativos llevan a la práctica de forma “eficaz”: más resultados con menos recursos.

Los esfuerzos para implementar este cambio de paradigma han sido muchos a lo largo y ancho del planeta, con mayor o menor éxito y con mayores o menores resistencias. Si bien se han alzado voces denunciando los males que implican la aplicación de este modelo (Nico Hirtt, Christian Laval, Gómez Llorente, Richart Hatcher, Rosa Cañadell... por citar algunas), en general no es un debate en el cual se haya profundizado mucho y menos en nuestro país, a pesar que la mayoría de nuevas leyes educativas hayan ido en este camino: La LOE, como ley marco ya impuso las nuevas pautas y las autonomías han hecho el resto. De hecho, las fórmulas son iguales para todos los territorios: “consolidación y ampliación de los centros privados-concertados”, “autonomía de centros”, “direcciones profesionalizadas”, “organización jerárquica en los centros públicos”, “evaluación externa”, “incentivos por resultados”, “precarización y desregulación laboral del profesorado”, “privatización y externalización de los servicios educativos”, todas ellas, medidas que tienen como objetivo poner la educación bajo las leyes del mercado, mercantilizándola, con la finalidad de favorecer a las empresas privadas.

Ahora la crisis es la ocasión perfecta para rematar el cambio de paradigma. Tal y como dice Naomi Klein en un fragmento de su libro La doctrina del shock: “Durante más de tres décadas, Friedman y sus poderosos seguidores habían perfeccionado precisamente la misma estrategia: esperar a que se produjera una crisis de primer orden (económica o catástrofe) o estado de shock, y luego vender al mejor postor los pedazos de la red estatal a los agentes privados mientras los ciudadanos aun se recuperaban del trauma, para rápidamente lograr que las reformas fueran permanentes”.

En este sentido los recortes que están llevando a cabo los diferentes gobiernos central y autonómicos apuntan en esta dirección y van más allá de ser medidas coyunturales, puesto que tienen un objetivo estructural: preparar los servicios públicos para hacerlos rentables al beneficio privado. Hoy la política de los diferentes gobiernos tiene tres ejes determinados: continuar entregando servicios públicos a la gestión privada, establecer e incrementar tasas a la ciudadanía para recibir determinados servicios y abaratar costes laborales y reducir sus recursos para hacerlos más permeables en un futuro a la gestión privada.

Bajo este racionamiento neoliberal, el sistema educativo se vincula lineal y mecánicamente con el aparato productivo, subordinando el primero a los intereses del segundo. Se considera a la educación una como producción de capital humano, como una inversión personal y colectiva que debe, por lo tanto, ser rentable en términos económicos

Es necesario para el modelo neoliberal eliminar el derecho a la educación para hacerla comercializable, fuente de lucro y de dominación. Al reducir la educación a una simple mercancía se la convierte en objeto de consumo al cual tendrán acceso solamente quienes dispongan de los recursos suficientes para comprarla en los términos en los cuales se ofrezca en el mercado. La educación queda, de esta manera, despojada de cualquier sentido formativo, sustituido grotescamente por un sentido lucrativo. Se imparte la educación según un modelo tecnocrático: se trata de entrenar mano de obra hábil pero acrítica para lo cual se jerarquiza lo tecnológico en detrimento de lo humanístico, ético y social.

La definición neoliberal de la educación como mercancía, y con ello su negación como derecho humano, es el principio fundamental que orienta el diseño de las políticas educativas de nuestros gobiernos.

PRIVATIZACIÓN

La creciente privatización es uno de los elementos básicos del nuevo modelo educativo y ello se concreta en la consolidación y ampliación de la doble red, con un aumento de los centros privados concertados, con un aumento de los niveles educativos que reciben subvención pública en centros privados y con un aumento de las cantidades dedicadas a la concertación. Todo ello sin una normativa clara ni medidas eficientes para que los centros privados que reciben financiación pública cumplan con sus obligaciones de gratuidad, de no selección del alumnado, de no segregar al alumnado por su sexo, de subsidiariedad con la pública y de laicidad. En realidad, los centros concertados continúan aumentando, continúan cobrando cuotas a los padres y madres, continúan seleccionando al alumnado y tienen mayoritariamente un ideario religioso. El resultado es una mayor cantidad de dinero público gestionado por patronales privadas, una mayor fractura social (de clase social y de origen cultural) del alumnado entre centros públicos y privados concertados y un control ideológico por parte de los centros religiosos de una gran cantidad de nuestros niños/as y jóvenes.

Por otro lado, se aumenta la privatización y la externalización de todos los servicios educativos: comedores, transporte, limpieza, evaluación, formación, etc., así como algunos tramos educativos que pasan, también, a ser gestionados por empresas privadas: educación de 0-3, educación de personas adultas, Formación Profesional, educación on-line, etc.

Esta privatización de la educación tiene consecuencias varias que afectan a diferentes ámbitos: la transferencia de dinero público hacia beneficios privados; la valoración de centros con más o menos prestigio (que no implica una mayor cualidad) con una selección del alumnado por clase social, puesto que sólo tienen posibilidad de acceder a ellos las familias que pueden pagar la cuota; y el control ideológico y político, a partir de la libertad total para definir un “ideario propio” que tienen los centros privados. Este ideario, mayoritariamente es religioso, puesto que la mayoría de centros privados concertados pertenecen a instituciones religiosas, implica poder hacer la transmisión de su ideología, incluso contradiciendo la propia ley, tal y como ha pasado con la negativa de impartir la asignatura de “Educación para la ciudadanía”, por parte de algunos centros religiosos.

AUTONOMÍA DE CENTROS

La autonomía en los centros escolares no es ninguna novedad, sino una vieja práctica del profesorado que, más allá de las directrices oficiales, ha buscado siempre nuevas estrategias docentes para adaptarse a las necesidades del alumnado, siempre diverso y distinto. Tampoco es nuevo el Proyecto de Centro que ahora se vincula con la nueva autonomía. La LOGSE, en el 1985, ya introdujo la obligación de todos los centros de elaborar un Proyecto educativo y un Proyecto curricular. En definitiva, la autonomía hace tiempo que se practica en los centros educativos y los proyectos hace años que se inventaron.

¿Por qué ahora se resucita todo ello? ¿Cuál es la novedad? La novedad es que bajo el anuncio de la autonomía se esconde lo que realmente se pretende implementar: la jerarquización de las relaciones dentro del centro, la potenciación de la figura del director/a como jefe de personal, la consecución de más recursos vinculados a “mejores proyectos y mejores resultados”, la evaluación de todo y de todos y una carrera docente del profesorado (léase condiciones de trabajo) vinculada a los resultados del alumnado. Nada de ello resuelve los problemas que se viven en los centros escolares. Lo que el profesorado lleva tiempo reivindicando es que la Administración le proporcione los recursos necesarios para poder llevar a la práctica lo que colectivamente han decidido: profesorado suficiente para atender las nuevas necesidades (inmigración, conductas disruptivas, integración, retrasos escolares, etc.), menos alumnos por aula en los centros con alumnos que tienen muchas dificultades, más profesionales para atender a nuevos problemas sociales, psicológicos o culturares, tiempo suficiente para coordinarse y reflexionar conjuntamente, formación adecuada para afrontar los nuevos retos, etc.

Lo que proponen nuestras administraciones educativas bajo el nombre de autonomía es muy distinto de lo que los centros necesitan e implica una nueva concepción de la educación pública, con consecuencias muy negativas. La primera es el desmantelamiento del “sistema público” entendido como un todo, al pasar a considerar a cada uno de los centros educativos como una entidad independiente, para adjudicarles distintos recursos y profesorado en función del resultado escolar del alumnado, lo cual implica la creación de centros públicos de distinta categoría: aquellos que tengan la suerte de tener un alumnado con pocas dificultades, tendrán mejores resultados y, por lo tanto, más recursos, con lo que serán más atractivos para las familias más motivadas, y así se concentrarán en unos centros el alumnado con más posibilidades y los mejores recursos. Un proceso que aumentará la fragmentación social entre los centros públicos que se sumará a la ya existente entre públicos y privados concertados, imposibilitando, cada vez más, la igualdad de oportunidades que todo servicio público tiene la obligación de ofrecer.

Por último, se pone en peligro la educación global, entendida como un conjunto de saberes, normas y valores: si lo que va a condicionar el salario del profesorado y el prestigio del centro son los resultados del alumnado a partir de las evaluaciones externas, toda la acción educativa acabará centrándose en preparar al alumnado para dichas pruebas. Se corre el riesgo, también, de que disminuya el interés por trabajar con el alumnado que tiene más dificultades, ya sean sociales, psicológicas o de aprendizaje, puesto que este tipo de alumnos requiere mucho esfuerzo, lo que pude implicar el progresivo abandono del sector más vulnerable del alumnado.

GESTIÓN AUTORITARIA

Para poder implementar esta nueva autonomía se propone una gestión autoritaria en los centros públicos. Se pretende reforzar la autoridad y las funciones de las direcciones para que puedan tomar decisiones en la gestión de los centros al margen del profesorado, de las asociaciones de padres y madres, y de los Consejos escolares. Es evidente que una gestión en la que las direcciones desempeñarán funciones propias de la patronal, supondrá avanzar hacia un modelo de gestión autoritaria que eliminará la participación y la capacidad de decisión de la comunidad educativa en la gestión de los centros y dificultará un trabajo en equipo que es, precisamente, la mejor garantía del buen funcionamiento de un centro educativo. Caminar hacia ese sistema exigirá unos cambios en la estructura actual de los centros públicos, que acabarán definitivamente con su gestión democrática, atomizando, además, su capacidad de resistencia.

La segunda consecuencia es el fin de la democracia en la organización de los centros públicos, que quedará en manos de la dirección, al limitar la participación del profesorado en todas las decisiones, tanto pedagógicas como organizativas, así como la de los padres y madres. Teniendo en cuenta que la educación es una tarea colectiva, en la que la participación y el trabajo en equipo son imprescindibles, otorgar excesivo poder en manos de una sola persona, no garantiza mejorar la docencia en el aula y puede crear muchos problemas: arbitrariedad, sumisión, imposición, etc. Todo ello conlleva limitar la pluralidad pedagógica e ideológica del profesorado, que es una de las riquezas de nuestros centros públicos, ya que para educar por y para la democracia hace falta poder ejercerla por parte de toda la comunidad educativa. Por otro lado, pretender mejorar los resultados escolares del alumnado a base de organizaciones jerárquicas o de incentivos individuales es un grave error y un esfuerzo inútil.

ELECCIÓN DE CENTRO

La “libertad” en la educación, reconocida en nuestra legislación, no implica automáticamente el “derecho” a la elección de centro educativo subvencionado por el Estado, tal y como se pretende aplicar. De hecho, en un servicio público como es la educación, el derecho a elegir no debería existir. Primero porque no es posible que una Administración pueda garantizar todas las preferencias individuales; segundo, porque el dinero público no puede utilizarse para satisfacer los intereses personales, sino que debe servir para garantizar la igualdad del servicio para todos los ciudadanos y ciudadanas; y tercero, porque el derecho a elegir no es más que el privilegio de unos pocos que tienen la posibilidad de hacerlo, bien porque su dinero se lo permite (y pueden pagar un centro privado o privado concertado) o bien porque su situación social les permite tener acceso a mayor información, con lo que pueden buscar las estrategias adecuadas para matricular a sus hijos en el centro que deseen. Está perfectamente comprobado que, incluso en igualdad de condiciones económicas, las estrategias de elección son muy distintas según el nivel cultural y la situación social. Las clases populares priman más la proximidad y la convivencia con los amigos, vecinos y hermanos, mientras que las clases más ilustradas priman más la eficacia y el nivel social de los demás alumnos.

Así pues, la libertad de elección no es más que una estrategia para situar a la educación dentro del mercado y, como todo lo que funciona con las leyes del mercado, los efectos negativos recaen siempre sobre las clases más populares. Si esta libertad de elección está, además, subvencionada con dinero público (como sucede actualmente con los conciertos) nos encontramos delante de un sistema en el que el Estado, en vez de velar por la igualdad, favorece claramente al sector social más privilegiado y deja en manos del capital privado la posibilidad de obtener un doble beneficio: la venta del saber y el control directo de lo que se debe inculcar a los futuros trabajadores/as.

Apostar por el derecho a elegir centro es apostar claramente por la desigualdad en la educación. Para que pueda haber elección debe haber diferencia y ello implica automáticamente la existencia de centros mejores y centros peores. Mientras que el objetivo de una educación que busque la igualdad de oportunidades es justamente lo contrario, que las diferencias entre los centros escolares sean las mínimas y en todo caso, poner los recursos necesarios (económicos, humanos, de formación, etc.) para que los peores puedan mejorar. No es con la competitividad entre los centros educativos con lo que se va a elevar la calidad de la enseñanza, sino que es justamente lo contrario: el intercambio de experiencias, el trabajo en común, la participación de padres y madres, los recursos humanos y económicos necesarios, lo que puede elevar el nivel del “sistema educativo” global. 

EVALUACIÓN E INCENTIVOS

Las evaluaciones, y las nuevas reválidas, que propone el anteproyecto de la LOMCE tienen un espíritu altamente punitivo para el profesorado y terminan siendo una carrera de obstáculos para el alumnado. Por un lado, se devalúa el trabajo que realiza el profesorado y se cuestiona la evaluación del alumnado que todos y cada uno de los docentes realiza en su aula; del otro, se intentan vincular los resultados del alumnado a la promoción económica del profesorado. Finalmente, se pretende establecer rankings entre los centros. De este modo, aquellos centros que, beneficiados por la composición sociocultural de su alumnado obtengan unos buenos resultados, tendrán una gran demanda, lo cual los permitirá hacer una selección del alumnado en función de sus altas capacidades, lo cual, a su vez, repercutirá todavía más en los propios resultados. Por el contrario, aquellos centros con una población escolar marcada por la precariedad económica, los problemas sociales, y las carencias culturales, verán como sus mejores alumnos marcharán en busca de centros favorecidos por estos “rankings”, y verán, por lo tanto, degradada su situación hasta el punto de caer en un pozo educativo del cual es prácticamente imposible salir. Se trata, pues, de propiciar, por acción y omisión, las escuelas gueto, que tantas dificultades sufren con objeto de hacer efectiva la igualdad de oportunidades.

Es evidente que las evaluaciones son positivas y necesarias, pero siempre y cuando se evalúe para mejorar, no para clasificar o para penalizar.

LA EMPRESA DENTRO DE LA ESCUELA

Otro de los fenómenos crecientes es la penetración de las escuelas de negocios en los centros educativos. Un intento de colonización ideológica que pretenden las élites empresariales para domesticar educativamente sus futuros trabajadores y limpiar una imagen pública cuestionada.

En Cataluña ya se ha puesto en marcha el programa “Cataluña, escuela de emprendedores”, con el cual se pretende inculcar la “cultura emprendedora” en todas las etapas educativas, desde infantil hasta bachillerato y FP. Parece casi un chiste que, en medio de una crisis agobiante, con un paro que no cesa de crecer, cuando las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, tienen que cerrar estranguladas por la falta de crédito y de clientes provocada por un aumento de la pobreza, nuestra consejera de Enseñanza proponga que las escuelas se conviertan en una “fábrica de empresarios”. Y por otro lado tenemos la generación de jóvenes más bien formada de nuestra historia, pero con menos oportunidades. Muchos y muchas de nuestros jóvenes más bien preparados tienen que marchar fuera del país para poder salir adelante. ¿Porqué queremos formar más emprendedores si los que tenemos no tienen ningún tipo de posibilidad de salir adelante?

Otra forma de penetración de las empresas en la educación no universitaria son los convenios firmados con fundaciones que dependen de grandes empresas o grandes bancos. Un ejemplo es “Empieza por Educar” a la que se le permite hacerse cargo de la docencia directa en horario lectivo del alumnado de ESO “en condiciones desfavorecidas y con dificultades de aprendizaje” de los centros públicos que se acogen al programa.

Este convenio introduce la presencia en los centros de un profesorado, formado por la propia fundación,  que no cumple ninguno de los requisitos que se necesitan para impartir docencia en el sistema público. Pero además, esta fundación, que se presenta a si misma como “entidad sin afán de lucro”, está directamente relacionada con la banca y la especulación financiera y no con el mundo de la educación. Presidida por Patricia Botín y avalada por el Banco de Santander, La Caixa y otras fundaciones y empresas vinculadas al mundo de las finanzas, sus ejecutivos cuentan con una gran experiencia en empresas de consulting, inversiones y productos financieros (algunos de dudosa legalidad): desde Goldman Sachs hasta Coca Cola o Microsoft.

La fundación es una filial de la multinacional  “Teach for All” implantada con diferentes nombres en 13 países del mundo, desde los Estados Unidos hasta la India, pasando por América latina. En estas fundaciones participan bancos y empresas como JP Morgan, Morgan Stanley, el Deustche Bank...

Todo ello es un paso muy importante hacia la privatización de la enseñanza pública, una puerta abierta a las empresas o corporaciones multinacionales en nuestro sistema educativo y una invasión ideológica, claramente tendenciosa.

FLEXIBILIDAD LABORAL

Si el modelo paradigmático es la empresa privada, el funcionariado docente resulta un estorbo y un inconveniente. En efecto, a la empresa privada competitiva le es esencial disponer de unos trabajadores dóciles, polifacéticos, reconvertibles, fieles intérpretes del mandato gerencial, y nada asegura mejor esa disposición que la perpetua incertidumbre sobre la permanencia en el puesto de trabajo.

Hay, pues, una correlación que no es en absoluto accidental. Si la escuela pública se pone en cuestión, en su carácter de servicio público, regulado por el principio del interés general y no por las fluctuaciones de la oferta y la demanda, lo mismo debe hacerse con el funcionariado docente, pues éste constituye la columna vertebral de la institución que aún llamamos “escuela pública”. Por eso, la defensa del estatus funcionarial de los profesores de la escuela pública, no es simplemente una prioridad sindical, y menos aún, una “reivindicación corporativa”, sino la defensa de un pilar básico de la enseñanza como servicio público.

EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Frente a este ataque sin precedentes, la defensa de una educación pública es más necesaria que nunca. Esta defensa no puede quedar en manos solamente del profesorado, sino que toda la comunidad educativa y la sociedad en general deben implicarse, pues se trata de defender un derecho básico y un modelo educativo que ayude a avanzar hacia un modelo de sociedad más justa y más equitativa.

El sistema educativo no deba estar regido por las leyes del mercado, sino por principios de justicia y de equidad. La defensa de la educación pública pasa por la defensa de un modelo de educación basado en los principios de justicia y equidad, democracia y participación, igualdad de oportunidades y no segregación, derechos laborales y condiciones de trabajo dignas para el profesorado, inversión pública y recursos suficientes.

Defender la educación pública implica revertir la situación actual. La progresiva desaparición de los conciertos educativos es un objetivo básico: todo el dinero público debería destinarse a los centros de titularidad pública. Implica, también recuperar la gestión y organización democrática, revertir todos los recortes laborales y salariales, así como recuperar los recursos necesarios para atender al alumnado con más dificultades. La lucha por la educación pública, se enmarca, en definitiva, dentro de la lucha contra la privatización y los valores neoliberales.

LA EDUCACIÓN COMO DERECHO UNIVERSAL

La educación es un DERECHO. Esta afirmación está contemplada en la Declaración de los Derechos Humanos y también en nuestra Constitución. La educación no es, ni puede llegar a ser, una mercancía más dentro del mercado, ni una inversión para aquellos que se lo puedan permitir. La educación no es un lujo ni un privilegio, es un DERECHO.

Pero sólo la educación pública asegura este derecho universal. Un sistema educativo que da cobertura a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas sin ningún tipo de distinción. Una educación en la que pueden acceder todos los niños y niñas que viven en nuestro país. Una educación que todas las personas podemos reclamar y reivindicar, justamente porque es un DERECHO, no un favor ni un regalo: todos los ciudadanos y ciudadanas pagamos nuestros impuestos y por ello tenemos el derecho a exigir esta educación que ya hemos financiado.

Sólo la educación pública es susceptible de ser reivindicada. Solo la educación pública da cobertura universal. Por eso es un pilar fundamental para cualquier sociedad democrática, para asegurar la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

HETEROGENEIDAD Y DIVERSIDAD

La escuela es el ámbito de socialización más importante para todos los niños y niñas. Los futuros ciudadanos y ciudadanas deben socializarse dentro de la realidad en la que van a vivir el resto de su vida. Y la sociedad es diversa y heterogénea.

La heterogeneidad de la educación pública es un bien en si mismo. Facilita la relación con todo tipo de personas y este aprendizaje fomenta la socialización y el respeto, amplia el conocimiento más allá del ámbito concreto en el que vive la familia propia, el barrio, la cultura o la clase social.

La escuela pública acoge todas las culturas, clases sociales, ideologías, religiones, sexos y eso es una riqueza en el proceso de aprendizaje, tanto académico, como social. Las estadísticas demuestran que los sistemas educativos más heterogéneos obtienen mejores resultados académicos.

La diversidad en la escuela pública no está representada solamente por el alumnado y por las familias, sino que también el profesorado es diverso y heterogéneo. La pluralidad ideológica, religiosa, cultural y de clase dentro del profesorado asegura una pluralidad en las enseñanzas y ayuda a los alumnos y alumnas a una visión mucho más amplia y mucho más rica de todos aquellos saberes que se imparten. Esta pluralidad abarca también a los “estilos pedagógicos” que, gracias a la libertad de cátedra de los centros públicos, facilitan también el aprendizaje académico.

Esta diversidad sólo la puede asegurar la educación pública. El acceso (al menos hasta ahora) a la enseñanza pública hace posible que el criterio de selección sea imparcial y no segregador. Y, aunque se pueda y de deba mejorar, es un seguro de pluralidad. En los centros privados, normalmente pertenecientes a patronales religiosas o directamente vinculadas a una ideología y a una clase económica, no solamente seleccionan al alumnado, sino también al profesorado, que debe compartir los valores de las patronales. Todo ello implica que están mucho más cerca del adoctrinamiento y de una visión dogmática y sesgada de la realidad, lo que hace muy difícil un aprendizaje amplio y una visión real de la sociedad.

La educación pública, diversa y heterogénea, es la única que puede favorecer la cohesión social, la igualdad entre los sexos, la no discriminación por cuestiones de raza, origen cultural, religión o elección sexual. Sólo educando en la diversidad se puede acceder al respeto y valoración de la propia diversidad.

LAICIDAD

En un Estado no confesional, la religión debería estar totalmente fuera de las escuelas. Es del todo denunciable que, pasados más de 30 años desde la transición, no se hayan suprimido aún las clases de religión en los centros públicos. Pero, más allá de esto, lo más grave es que continúen financiando con dinero público centros de titularidad religiosa.

La apuesta por la educación pública implica una apuesta decidida por la laicidad en los centros educativos. La escuela laica es la única que hace posible la convivencia pacífica entre todos los alumnos, profesen la religión que profesen. No significa un modelo escolar en contra de nadie, sino a favor de una educación sin dogmas, en valores humanistas y universales, en la pluralidad y en el respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia y de la diversidad y en los valores éticos, no sexistas y democráticos. Es la escuela en la que se sienten cómodos tanto los no creyentes, como los creyentes de las diversas religiones o convicciones, donde no se estigmatiza o se segrega al alumnado en función de las creencias o las ideologías.

DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN

Los centros educativos públicos se han caracterizado, al menos hasta ahora, por un funcionamiento democrático y participativo de todo el profesorado y del resto de la comunidad educativa, en el marco de los consejos escolares.

La educación es una acción colectiva y, por lo tanto, solo puede desarrollarse en unas condiciones de participación que hagan posible la toma de decisiones de forma democrática. A lo largo de todos estos años, antes de la avalancha neoliberal, fueron muchísimos los centros públicos que, a partir de su profesorado, hicieron posible muchos avances pedagógicos e innovaciones que mejoraron la educación.

Todo ello, sin embargo, se está resquebrajando, ya que todas las nuevas leyes educativas van en sentido contrario y fomentan la gestión piramidal de los centros públicos, con direcciones “profesionalizadas” con poder de tomar todas las decisiones y excluir al resto de la comunidad educativa.

La propuesta del anteproyecto de ley del PP ya contempla este tipo de gestión, profundizando en lo que ya aparecía en la LOE. Con ello se pierde la riqueza pedagógica y organizativa que pueden aportar todos y cada uno de los profesores y profesoras, que pasan a “cumplir órdenes” y a ser meros transmisores de los currículos oficiales y de las metodologías impuestas por la dirección.  Por otro lado, al dotar a las direcciones de más poder sobre el profesorado se abre una gran puerta a la arbitrariedad y a la sumisión. 

Si queremos educar a nuestro alumnado para vivir y participar en la sociedad de forma democrática, es evidente que no podemos hacerlo desde centros educativos no democráticos ni participativos.

TRANSPARENCIA Y CONDICIONES LABORALES

Con la escuela pública surge el funcionariado docente. Y esto responde a una filosofía política, a una determinada teoría del Estado. Lo que se pretende asegurar mediante el régimen funcionarial de los servidores del Estado, es su neutralidad política en el ejercicio de la función que a cada uno le corresponde. El funcionario accede a su empleo en virtud de un concurso público basado —como ahora tanto se repite— en los principios de mérito, capacidad y publicidad. Es decir, ocupa el puesto que ocupa por sus méritos, no por el favor de sus superiores. El acceso a su destino y la permanencia de su puesto están regulados reglamentariamente, así como el tipo de tareas que pueden encomendársele. Su salario tampoco depende de la arbitraria voluntad de sus superiores, sino que está, así mismo, tasado por la ley, en definitiva, por el Parlamento.

Todas estas características del estatus funcionarial no son “privilegios corporativos” —aunque ciertamente pueda hacerse un mal uso en ocasiones, que sería igualmente corregible en vía reglamentaria—, sino que configuran un estatus de seguridad, y de razonable independencia, para que el funcionario en definitiva sea pura y simplemente un instrumento de la ley.

El estatus funcionarial de los trabajadores del Estado es, pues, un componente básico del Estado de Derecho. El estatus funcionarial, en consecuencia, no protege tanto al funcionario frente a las posibles arbitrariedades de sus superiores, cuanto protege a los ciudadanos, dándoles garantía de ser tratados por los funcionarios servidores del Estado con ecuanimidad o neutralidad ideológica y política. Y a esa misma conclusión se llega si se quiere considerar el reverso de la autonomía propia del estatus funcionarial, esto es, el principio de responsabilidad de todos sus actos al que está sujeto todo funcionario, que puede ser sancionado e incluso separado del servicio por incumplimiento de las leyes y normas.

Pero, en estos momentos, estamos viendo como uno de los ataques más furibundos es, precisamente, contra el funcionariado. De hecho, los recortes están incidiendo de una manera escandalosa en las condiciones laborales del profesorado, que ha visto aumentar sus horas de trabajo, disminuir su salario y aumentar sus tareas, al mismo tiempo que están aumentando las diferencias entre el propio profesorado.

A consecuencia de las nuevas políticas sociales y educativas se está generando un fenómeno laboral a imagen del modelo de relaciones laborales que asola al resto del mundo laboral. La progresiva diferenciación de condiciones laborales; la separación entre categorías de funcionarios de carrera, interinos y sustitutos; los diferentes complementos por etapas y modelos de coordinación, la precarización del personal sustituto, complementos diferenciados de tutoría, complementos vinculados al incremento voluntario del horario lectivo, las propuestas de las direcciones, muchas de las cuales vinculadas a proyectos de autonomía; la pérdida de referentes políticos y sindicales; la constatación de una cierta “fractura generacional” dentro de algunos centros, con colectivos que asumen valores diferenciados, han propiciado una atomización del profesorado.

Esta atomización se traduce en un aumento de la individualización de las relaciones laborales, tanto respecto a la administración, como a las direcciones y en los claustros, lo cual, a su vez, dificulta la circulación de información y propicia una cierta pasividad respecto a las agresiones comunes que sufren los enseñantes. O peor todavía, parece poder acabar con una cierta cultura solidaria y de pertenencia colectiva.

De hecho, esta atomización ha comportado menos vida comunitaria en las salas de profesores, en los claustros y en los departamentos. La diferencia creciente de condiciones laborales tiene como daños colaterales, reales o posibles, una diferencia en el grado de implicación, tanto educativa, como emocional, laboral y sindical.

RECORTES Y NUEVA PROPUESTA DE LEY

Con la crisis como excusa, los recortes en educación, al igual que los recortes en los demás servicios públicos, están siendo terriblemente agresivos y afectan gravemente a los sectores más vulnerables de la comunidad educativa: profesorado interino y substituto, alumnado con más dificultades y familias con menos recursos  económicos. Pero, además, como se está comprobando, son totalmente inútiles para salir de la crisis o paliar el déficit público.

Pero lo que sí se está consiguiendo es desmantelar la educación pública, que, en realidad, es su verdadero objetivo. Los centros educativos públicos están pasando su peor momento, con aulas masificadas, clases sin profesores porque no llegan los substitutos/as hasta pasados 10 días, miles de docentes en la calle sin trabajo, el profesorado obligado a trabajar más y cobrar menos, padres y madres que no pueden pagar las guarderías, niños y niñas sin comedor escolar i jóvenes con dificultades para pagar las nuevas tasas de las universidades y también de la FP.  Pero, además, los recortes se centran de manera muy especial en todos aquellos programas que iban destinados al alumnado con mayores dificultades: programa PROA, destinado a refuerzo escolar para alumnado con problemas de aprendizaje, o la educación compensatoria, por poner algunos ejemplos.

Pero no son sólo los recortes, está ya en marcha un nuevo anteproyecto de ley (LOMCE) con propuestas altamente preocupantes, algunas terriblemente retrógradas, como las antiguas reválidas estatales y el cuerpo de directores, que nos retrotraen a tiempos predemocráticos.

Las propuestas persiguen una re-centralización  y un mayor control del Estado con respecto a las autonomías, son segregadoras para el alumnado y proponen la desaparición total de la democracia en el funcionamiento de los centros.

La reducción, en un 10%, de la parte del temario escolar que deciden las autonomías, más las nuevas evaluaciones y reválidas estatales, no parece que sean medidas pedagógicas que ayudarán a disminuir el fracaso escolar, más bien es un intento de mayor control de los contenidos por parte del Ministerio.

Las dos reválidas al finalizar 4º de ESO, distintas para el alumnado que ha cursado el itinerario de FP o el de Bachillerato, implican  crear dos títulos diferenciados que dan acceso a dos tipologías de estudios, lo que no ayuda en absoluto a la necesidad de abrir el sistema educativo y que sea más fácil transitar entre distintas opciones post-obligatorias. Parece, más bien, que los alumnos/as que opten por la reválida de FP tendrán mucho más difícil acceder a un Bachillerato o a un ciclo de FP superior, lo que aumenta la fractura educativa. Y añadir otra reválida al finalizar el bachillerato, además de las pruebas que cada universidad tiene la competencia de hacer, implica también aumentar las dificultades para acceder a los estudios universitarios.

Se crea también un nuevo ciclo de FP, la Formación Profesional Básica, a la que el alumnado podrá acceder con 15 años y que no dará opción a obtener el Graduado en ESO. Esta medida abre la puerta a la marginación de cierto sector del alumnado con dificultades, al que el sistema educativo no sabe dar respuesta y opta por la vía fácil, la de mantenerlo con un subtítulo inferior a una Educación obligatoria y echarlo del sistema a los 16 años sin posibilidad factible de volver a entrar. En vez de apostar por recursos que permitan atender a este alumnado con más dificultades, se da un paso atrás de gigante al desmantelar la universalidad y la homogeneidad de la educación básica obligatoria hasta los 16 años.

Finalmente, el anteproyecto también anula la potestad que hasta ahora tenían los consejos escolares para «aprobar y evaluar el proyecto educativo y el proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento de los centros» y, al mismo tiempo, se aumenta la profesionalización de las direcciones y se dota de más recursos a los centros que propongan proyectos de mejora. Se consolida así un modelo de gestión totalmente piramidal y se estimula la creación de centros públicos de  distintas “categorías”, estimulando la competitividad dentro de la red de centros públicos.

En definitiva, un modelo de educación cada vez más neoliberal y más segregador, menos participativo y más autoritario. Una contrarreforma que no contempla medidas  pedagógicas contra el fracaso escolar o el abandono prematuro. Unos cambios que, junto a todos los recortes, no harán más que aumentar las desigualdades educativas.

Hay que decir, también, que muchas de las propuestas de este nuevo proyecto de Ley del PP están ya implantadas en Cataluña, donde un gobierno, presuntamente de izquierdas, aprobó en 2009 la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), guiada totalmente por los principios neoliberales en educación.  

LUCHAS, MOVILIZACIONES Y RESISTENCIA

Frente a toda esta situación, el profesorado, los padres y madres, los estudiantes y la sociedad en general se ha organizado y, cada vez más, hay un sinfín de protestas y movilizaciones, a lo largo y ancho de todo el Estado, para defender conjuntamente una educación pública de cualidad y los recursos necesarios para poder hacerla realidad. Es muy importante que las protestas hayan superado el ámbito propiamente laboral del profesorado y se hayan insertado en la demanda ciudadana de un servicio público básico como es la educación.

En estos tiempos de ataque feroz a todos los derechos sociales y laborales, que tantos esfuerzos costó conseguir, es más importante que nunca, divulgar la información y ampliar la conciencia de todo lo que significa este intento de desmantelar la educación pública y acabar con un modelo educativo público, democrático, laico, de acceso universal y de compensación de desigualdades. Nos estamos jugando el futuro de nuestra sociedad.

Es imprescindible revertir esta situación y volver a conquistar el derecho a una educación que haga posible la equidad social y una formación humana, técnica y profesional para todos los futuros ciudadanos y ciudadanas. Es imprescindible dotar a nuestros jóvenes de todas las herramientas necesarias, no sólo para su futuro profesional y laboral, sino también, para que sean capaces de analizar, participar y mejorar la sociedad.

Y para ello hace falta librar esta lucha en todos los ámbitos. Dentro del centro es importante recuperar el funcionamiento democrático y participativo, con decisiones conjuntas, tanto a nivel pedagógico, organizativo como reivindicativo. Hay que recuperar las asambleas, los claustros informativos con poder de decisión, las luchas conjuntas y la desobediencia pasiva si ello hace falta. Es preciso, también, recuperar la solidaridad entre el profesorado como colectivo, tanto dentro como fuera del centro, huyendo de la competitividad en la que quieren instalarnos. Es importante la defensa de los derechos de todo el alumnado y de todo el profesorado, en especial de los más vulnerables. Finalmente, es importante consolidar la participación de toda la comunidad educativa: asambleas, charlas, movilizaciones conjuntas con el alumnado, padres y madres, profesorado, trabajadores laborales.

Es necesario, también, consolidar alianzas entre los centros de un mismo municipio, barrio o localidad, y entre los centros educativos y el resto de organizaciones: asambleas, asociaciones de vecinos, padres y madres, etc. Es un buen momento para organizar acciones y movilizaciones conjuntas, jornadas educativas, jornadas reivindicativas, etc.

Finalmente, es importante situar la reivindicación de un determinado modelo de educación pública dentro de las reivindicaciones más globales, tanto por la defensa de todos los servicios públicos, como por la defensa de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, contra la precariedad laboral y el empeoramiento de las condiciones laborales: huelgas generales, movilizaciones del 15M, convocatorias de sindicatos, etc.

Hay que dejar bien claro que no se trata solamente de la defensa de más recursos, sino también, de la defensa de un modelo de educación que se aleje del paradigma neoliberal. No es suficiente ganar la batalla de los recursos, es necesario también ganar la batalla  de las ideas.

Se trata de recuperar unos presupuestos que hagan posible un buen funcionamiento de los centros públicos y unas condiciones dignas para el trabajo docente, pero se trata, también de recuperar la organización democrática, la revalorización de la escuela pública por encima la privada, con la desaparición progresiva de los conciertos educativos. Se trata también de construir una educación que pueda dar una formación integral, académica, técnica y ética, que promocione la cooperación y la solidaridad, el gusto por el estudio y la cultura, y la capacidad de analizar críticamente los fenómenos sociales y actuar en beneficio de la equidad, la no discriminación, la no violencia, el respeto a todas las culturas y la preocupación por el medio ambiente.

Nunca debemos olvidar que la escuela es tanto un espacio de transmisión de la ideología dominante, como un espacio de resistencia y confrontación, y que en ella se reflejan no solo los valores de los grupos hegemónicos sino también las prácticas de los grupos subordinados. Que las escuelas y los centros educativos, en general, gozan de una autonomía ciertamente relativa, pero que les permite dejar de ser fieles servidores de los grupos dominantes y trabajar por valores, contenidos y objetivos alternativos.

Debemos recuperar algunos de los postulados que nos dejaron los autores de la pedagogía crítica y de la resistencia (Paulo Freire, Henry Giroux, Stanley Aronowitz, Michael Apple, Paul Willis y Peter Mc. Laren), y no olvidar que “Cualquier práctica pedagógica genuina exige un compromiso con la transformación social en solidaridad con los grupos subordinados y marginados” (Mc Laren, 1984; 198).

En definitiva, no debemos permitir que se consolide una educación al servicio de las empresas y mucho menos  que las empresas dicten lo que se tiene que enseñar en las aulas. No debemos permitir que se implanten objetivos y valores tan descaradamente al servicio de la ideología más neoliberal que es, precisamente, la que nos ha llevado a la actual crisis, a la desigualdad, a la pobreza y a la falta de democracia. Es preciso que el profesorado recupere su verdadera autoridad y eduque a nuestros niños y niñas, chicos y chicas, en un sistema de valores que les ayude a vivir con dignidad y a mejorar esta sociedad, cada vez más injusta y más desigual. Hace falta, también, que se rechace de manera contundente cualquier intento de privatizar la educación pública y luchar por recuperar unos presupuestos que permitan ofrecer a todos los alumnos y alumnas una educación de cualidad, ideológica y democrática, para que puedan afrontar su futuro y cambiarlo si es necesario.