by Rosa Cañadell
INTRODUCCIÓN
Estamos asistiendo, perplejos y aterrorizados, a un acoso y derribo de la educación
pública. Recortes presupuestarios, incremento del número de alumnos por aula,
aumento de las horas lectivas para el profesorado, congelación de oposiciones,
sustituciones que no llegarán hasta pasados diez días, contratos precarios con
una disminución de horario y sueldo para las personas substitutas,
desmantelamiento de programas para atender a la diversidad, disminución de
becas, aumentos estratosféricos en las matrículas universitarias, miles de
docentes echados del sistema y abocados al paro... restricciones financieras
para el funcionamiento cotidiano de los centros, paralización de nuevas
construcciones, disminuciones sucesivas de los salarios ... son algunas de las
estrategias seguidas por nuestros gobiernos, central y autonómicos, para
desmantelar definitivamente esta educación pública que tanto costó construir
después de 40 años de dictadura y abandono educativo por parte del estado.
La excusa para todo ello es la famosa crisis y la presunta falta de dinero
público, lo que impide al Estado cumplir con su obligación para con sus
ciudadanos más vulnerables: el alumnado, los niños y niñas, adolescentes y
jóvenes en etapa de formación. Pero, como ya han señalado innumerables voces,
esta imposibilidad del estado para hacer frente al mandato constitucional de
proveer de una educación pública a todos
y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, no es real. El dinero existe y el
problema es como se recauda y como se utiliza. Así pues, como se viene
denunciando, de lo que se trata es de como se afronta esta crisis y como se
sale de ella, lo cual es una opción política y no un imponderable caído del
cielo. Las medidas que se vienen aplicando, desde el inicio de esta crisis, no
sirven para salir de ella, pero sí son ideales para desmantelar todos los
servicios públicos, extorsionar a los trabajadores y a las clases menos favorecidas
y aumentar la tasa de ganancia del capital.
Pero, además, esta estrategia neoliberal, no trata sólo de disminuir el
dinero público destinado a los servicios, sanidad, educación, servicios
sociales, etc. sino que responde, también, a otros objetivos que forman parte
igualmente de la doctrina neoliberal, para los cuales, la crisis sirve de
excusa y no de causa.
En este sentido los laboratorios de ideas financiados por
entramados financieros, empresariales e instituciones políticas contemplan los
servicios públicos como un obstáculo para sus intereses. Cualquier instrumento
susceptible de compensar desigualdades, que sea gratuito, universal y no
discriminatorio, con garantías laborales y que resulte, a la vez, fuente de
ocupación pública es acusado, contra toda evidencia, de poco productivo, oneroso, escasamente
dinámico y obsoleto. A lo largo de las últimas décadas, los diversos lobbies
empresariales no han cesado de atacarlo y difundir propaganda negativa frente a
la pretendida “eficiencia, eficacia y productividad” del sector privado. Esta
creencia, vehiculada a menudo mediante medios de comunicación controlados por
el empresariado o las fundaciones privadas y escuelas de negocios, ha influido
a menudo en la opinión pública y ha preparado el terreno a las administraciones
públicas para atacar, debilitar y,
finalmente, propiciar el desmantelamiento del sector público.
En cuento a la educación, el objetivo no es sólo una disminución pasajera
del presupuesto, sino implementar un gran cambio de paradigma que se viene
fraguando desde hace tiempo y para el que la crisis funciona como una excusa
ideal. Detrás de todos los recortes, propuestas y contrapropuestas, se esconde
un debate mucho más profundo, mucho más ideológico y de mucha más trascendencia
para el futuro de la educación en general y para el futuro de nuestra sociedad.
Pero este debate no acostumbra a ser
visible como tal, no es explícito y, por lo tanto, a pesar de su importancia,
no puede ser realizado de forma abierta, sino a través de cuestiones mucho más
puntuales, como la crisis o el déficit público, que, de hecho, están
encubriendo el debate principal.
CAMBIO DE PARADIGMA
La globalización neoliberal se caracteriza
por una expansión territorial y sectorial del capitalismo, y en este sentido hace
años que llegó ya al sector educativo, tratando de imponer un gran cambio del sentido y los objetivos que
durante muchos años ha tenido la educación: se trata de abandonar la idea de
“educación como servicio público, como un derecho básico de toda la ciudadanía,
con el objetivo de proporcionar a todos los niños y jóvenes una formación
integral”, y pasar a planificar una “educación al servicio de la economía,
entendida ya no como un derecho universal, sino como una inversión personal”.
Este nuevo concepto de educación tiene dos vertientes: abrir el mercado
educativo, que supone miles de millones de euros, para que las empresas
privadas puedan realizar negocios en este mercado, y por otra parte se trata de
ofrecer una formación al servicio de las empresas, adecuándola a las
necesidades del mercado de trabajo.
EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA, LAICA Y DE
CUALIDAD
Partíamos del viejo paradigma que considera que la educación es un derecho universal y un bien público, al
que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a acceder y la Administración
tiene el deber de garantizar, en condiciones de calidad y de igualdad. Este
modelo es el que considera que la educación es un factor de desarrollo
personal, de emancipación social y una de las herramientas para hacer posible
una sociedad cohesionada, inclusiva y justa. Este modelo se enmarca en todas
las tradiciones en defensa de una escuela pública, gratuita, laica y de
cualidad, que ofrece una verdadera igualdad de oportunidades y que trata de
formar personas con capacidad para vivir y participar en una sociedad
democrática. Este modelo considera que la educación es un servicio público que
debe ser financiado por el Estado y llegar al máximo número posible de
población, a fin de que todas las personas puedan satisfacer su derecho a la
cultura y a la educación. Este modelo centra su preocupación en buscar los
contenidos, valores y metodologías que mejor puedan ayudar a una educación
global y puedan compensar el desigual capital cultural y social con el que el
alumnado llega a la escuela.
Con la recién estrenada democracia, se construyó una
educación pública con la participación activa del profesorado, y con el
estímulo y el apoyo de los poderes públicos. Una escuela pública que tuvo como
reto la igualdad de oportunidades, la democratización de los centros y las
buenas prácticas profesionales. Un modelo que dio sus frutos y, por primera vez
en mucho tiempo, las clases populares accedieron a la universidad.
Hasta ahora el principal obstáculo que había tenido que afrontar la escuela
pública era —y continúa siendo— la falta de los recursos necesarios para su
buen funcionamiento. Y de esta situación ha resultado beneficiada la red de
escuelas concertadas. Pero al menos se había respetado el carácter propio de la
enseñanza pública, esto es, su gratuidad, su aconfesionalidad y pluralismo
ideológico, así como su apertura a todos los estamentos sociales, lo que
ciertamente la hacía acreedora de su título de servicio público, tanto por
transmitir una cultura compartible por toda la ciudadanía, como por ser el
instrumento más adecuado para compensar las desigualdades de origen,
contribuyendo de este modo a aumentar la cohesión social.
Desde finales de los años 90 la política educativa a nivel internacional se ha redefinido en virtud de
las necesidades del capitalismo en su versión neoliberal. En muchos países,
incluyendo el nuestro, la política educativa oficial se ha modificado con el
objetivo de responder a la sociedad de mercado; los valores de la empresa han
empezado a suplantar a los antiguos ideales humanistas y una versión pragmática de la educación, ha cobrado vigor a
lo largo y ancho del mundo mundial y en la mayoría de las instituciones de
diferentes niveles y modalidades educativas.
Una característica de esta nueva etapa es la
creciente intervención de los organismos internacionales en el ámbito
educativo: desde la OMC
se preconiza la abertura del mercado educativo y la liberalización de este
servicio, el Banco Mundial “recomienda”
la privatización y la gestión empresarial de los centros educativos, la
competitividad entre las escuelas, la imposición de unas “competencias básicas”
que intentan orientar los contenidos de la educación a nivel mundial
adecuándolos a las necesidades de los puestos de trabajo, una disminución del
gasto público destinado a la educación y un aumento del financiamiento
individual (la educación, como toda inversión, ha de pagarse), y una gestión de
los sistemas educativos capaz de rentabilizar los gastos y que aumente la
eficiencia.
Desdela OCDE se
propagan también políticas educativas al servicio de la economía, siendo una de
las principales aportaciones los famosos indicadores PISA, que intentan evaluar
a todos los jóvenes de todos los países del mundo con las mismas pruebas,
elaborando después una lista sobre la “calidad educativa” de cada país. De
hecho, el ranking de los resultados de los informes PISA acaban decidiendo qué
es calidad, y de manera indirecta, acaban orientando los currículos, pues todos
los países desean adelantar puestos en el ranking y, por tanto, acaban
imponiendo unos conocimientos coincidentes con aquellos que PISA evaluará.
Finalmente, las orientaciones dela
UNESCO , única institución formada por ministerios de Educación,
que desde los años 70 ha
promovido una educación entendida como una herramienta de emancipación, han
perdido toda su fuerza y la institución ya no posee ningún poder.
Desde
Finalmente, las orientaciones de
Este modelo neoliberal parte de la base que la educación
es un bien individual y su valor es básicamente económico y, por lo tanto, debe
estar sujeto a las leyes del mercado como cualquier otra mercancía. La
educación, así entendida, pasa a estar al servicio de la economía en su doble
vertiente: por un lado, debe ser “adaptada” a las necesidades de las empresas y
del mundo laboral y, por otro, debe ser “rentable”, o sea gestionada con
criterios empresariales y ser susceptible de negocio privado. Este modelo
educativo no considera ya que es el estado el que garantiza el derecho a la
cultura y a la formación, sino que son los individuos los que deben “invertir”
en educación, con lo que los “educandos” o sus familias, se convierten en los
nuevos “usuarios”, con derecho a elegir y a exigir resultados satisfactorios
que rentabilicen su “inversión”. Y los educadores, a su vez, pasan a ser meros
trabajadores al servicio de las demandas del mercado, que se limitan a
implementar currículums y metodologías que los “expertos” decidieron y que los
nuevos gestores de los centros educativos llevan a la práctica de forma
“eficaz”: más resultados con menos recursos.
Los esfuerzos para
implementar este cambio de paradigma han sido muchos a lo largo y ancho del
planeta, con mayor o menor éxito y con mayores o menores resistencias. Si bien se
han alzado voces denunciando los males que implican la aplicación de este
modelo (Nico Hirtt, Christian Laval, Gómez Llorente, Richart Hatcher, Rosa
Cañadell... por citar algunas), en general no es un debate en el cual se haya
profundizado mucho y menos en nuestro país, a pesar que la mayoría de nuevas
leyes educativas hayan ido en este camino: La LOE , como ley marco ya impuso las nuevas pautas y
las autonomías han hecho el resto. De hecho, las fórmulas son iguales para
todos los territorios: “consolidación y ampliación de los centros
privados-concertados”, “autonomía de centros”, “direcciones profesionalizadas”,
“organización jerárquica en los centros públicos”, “evaluación externa”,
“incentivos por resultados”, “precarización y desregulación laboral del
profesorado”, “privatización y externalización de los servicios educativos”,
todas ellas, medidas que tienen como objetivo poner la educación bajo las leyes
del mercado, mercantilizándola, con la finalidad de favorecer a las empresas
privadas.
Ahora la crisis es la ocasión perfecta para rematar el cambio de paradigma.
Tal y como dice Naomi Klein en un fragmento de su libro La doctrina del shock:
“Durante más de tres décadas, Friedman y sus poderosos seguidores habían
perfeccionado precisamente la misma estrategia: esperar a que se produjera una
crisis de primer orden (económica o catástrofe) o estado de shock, y luego
vender al mejor postor los pedazos de la red estatal a los agentes privados
mientras los ciudadanos aun se recuperaban del trauma, para rápidamente lograr
que las reformas fueran permanentes”.
En este sentido los recortes que están llevando a cabo
los diferentes gobiernos central y autonómicos apuntan en esta dirección y van
más allá de ser medidas coyunturales, puesto que tienen un objetivo estructural:
preparar los servicios públicos para hacerlos rentables al beneficio privado.
Hoy la política de los diferentes gobiernos tiene tres ejes determinados:
continuar entregando servicios públicos a la gestión privada, establecer e
incrementar tasas a la ciudadanía para recibir determinados servicios y
abaratar costes laborales y reducir sus recursos para hacerlos más permeables
en un futuro a la gestión privada.
Bajo este racionamiento neoliberal, el sistema educativo se vincula lineal
y mecánicamente con el aparato productivo, subordinando el primero a los
intereses del segundo. Se considera a la educación una como producción de
capital humano, como una inversión personal y colectiva que debe, por lo tanto,
ser rentable en términos económicos
Es necesario para el modelo neoliberal eliminar el derecho a la educación para
hacerla comercializable, fuente de lucro y de dominación. Al reducir la
educación a una simple mercancía se la convierte en objeto de consumo al cual
tendrán acceso solamente quienes dispongan de los recursos suficientes para
comprarla en los términos en los cuales se ofrezca en el mercado. La educación
queda, de esta manera, despojada de cualquier sentido formativo, sustituido
grotescamente por un sentido lucrativo. Se imparte la educación según un modelo
tecnocrático: se trata de entrenar mano de obra hábil pero acrítica para lo
cual se jerarquiza lo tecnológico en detrimento de lo humanístico, ético y
social.
La definición neoliberal de la educación como mercancía, y con ello su
negación como derecho humano, es el principio fundamental que orienta el diseño
de las políticas educativas de nuestros gobiernos.
PRIVATIZACIÓN
La creciente
privatización es uno de los elementos básicos del nuevo modelo educativo y ello
se concreta en la consolidación y ampliación de la doble red, con un aumento de
los centros privados concertados, con un aumento de los niveles educativos que
reciben subvención pública en centros privados y con un aumento de las
cantidades dedicadas a la concertación. Todo ello sin una normativa clara ni
medidas eficientes para que los centros privados que reciben financiación
pública cumplan con sus obligaciones de gratuidad, de no selección del
alumnado, de no segregar al alumnado por su sexo, de subsidiariedad con la
pública y de laicidad. En realidad, los centros concertados continúan aumentando,
continúan cobrando cuotas a los padres y madres, continúan seleccionando al
alumnado y tienen mayoritariamente un ideario religioso. El resultado es una
mayor cantidad de dinero público gestionado por patronales privadas, una mayor
fractura social (de clase social y de origen cultural) del alumnado entre
centros públicos y privados concertados y un control ideológico por parte de
los centros religiosos de una gran cantidad de nuestros niños/as y jóvenes.
Por otro lado, se
aumenta la privatización y la externalización de todos los servicios
educativos: comedores, transporte, limpieza, evaluación, formación, etc., así
como algunos tramos educativos que pasan, también, a ser gestionados por
empresas privadas: educación de 0-3, educación de personas adultas, Formación
Profesional, educación on-line, etc.
Esta
privatización de la educación tiene consecuencias varias que afectan a
diferentes ámbitos: la transferencia de dinero público hacia beneficios
privados; la valoración de centros con más o menos prestigio (que no implica
una mayor cualidad) con una selección del alumnado por clase social, puesto que
sólo tienen posibilidad de acceder a ellos las familias que pueden pagar la
cuota; y el control ideológico y político, a partir de la libertad total para
definir un “ideario propio” que tienen los centros privados. Este ideario,
mayoritariamente es religioso, puesto que la mayoría de centros privados
concertados pertenecen a instituciones religiosas, implica poder hacer la transmisión
de su ideología, incluso contradiciendo la propia ley, tal y como ha pasado con
la negativa de impartir la asignatura de “Educación para la ciudadanía”, por
parte de algunos centros religiosos.
AUTONOMÍA DE CENTROS
La autonomía en los
centros escolares no es ninguna novedad, sino una vieja práctica del
profesorado que, más allá de las directrices oficiales, ha buscado siempre
nuevas estrategias docentes para adaptarse a las necesidades del alumnado,
siempre diverso y distinto. Tampoco es nuevo el Proyecto de Centro que ahora se
vincula con la nueva autonomía. La
LOGSE , en el 1985, ya introdujo la obligación de todos los
centros de elaborar un Proyecto educativo y un Proyecto curricular. En
definitiva, la autonomía hace tiempo que se practica en los centros educativos
y los proyectos hace años que se inventaron.
¿Por qué ahora se resucita todo ello? ¿Cuál es la
novedad? La novedad es que bajo el anuncio de la autonomía se esconde lo que
realmente se pretende implementar: la jerarquización de las relaciones dentro
del centro, la potenciación de la figura del director/a como jefe de personal,
la consecución de más recursos vinculados a “mejores proyectos y mejores
resultados”, la evaluación de todo y de todos y una carrera docente del
profesorado (léase condiciones de trabajo) vinculada a los resultados del
alumnado. Nada de ello resuelve los problemas que se viven en los centros
escolares. Lo que el profesorado lleva tiempo reivindicando es que la Administración le
proporcione los recursos necesarios para poder llevar a la práctica lo que
colectivamente han decidido: profesorado suficiente para atender las nuevas
necesidades (inmigración, conductas disruptivas, integración, retrasos
escolares, etc.), menos alumnos por aula en los centros con alumnos que tienen
muchas dificultades, más profesionales para atender a nuevos problemas
sociales, psicológicos o culturares, tiempo suficiente para coordinarse y
reflexionar conjuntamente, formación adecuada para afrontar los nuevos retos,
etc.
Lo que proponen nuestras administraciones educativas bajo
el nombre de autonomía es muy distinto de lo que los centros necesitan e
implica una nueva concepción de la educación pública, con consecuencias muy
negativas. La primera es el desmantelamiento del “sistema público” entendido
como un todo, al pasar a considerar a cada uno de los centros educativos como
una entidad independiente, para adjudicarles distintos recursos y profesorado
en función del resultado escolar del alumnado, lo cual implica la creación de
centros públicos de distinta categoría: aquellos que tengan la suerte de tener
un alumnado con pocas dificultades, tendrán mejores resultados y, por lo tanto,
más recursos, con lo que serán más atractivos para las familias más motivadas,
y así se concentrarán en unos centros el alumnado con más posibilidades y los
mejores recursos. Un proceso que aumentará la fragmentación social entre los
centros públicos que se sumará a la ya existente entre públicos y privados
concertados, imposibilitando, cada vez más, la igualdad de oportunidades que todo
servicio público tiene la obligación de ofrecer.
Por último, se pone en peligro la educación global,
entendida como un conjunto de saberes, normas y valores: si lo que va a
condicionar el salario del profesorado y el prestigio del centro son los resultados
del alumnado a partir de las evaluaciones externas, toda la acción educativa
acabará centrándose en preparar al alumnado para dichas pruebas. Se corre el
riesgo, también, de que disminuya el interés por trabajar con el alumnado que
tiene más dificultades, ya sean sociales, psicológicas o de aprendizaje, puesto
que este tipo de alumnos requiere mucho esfuerzo, lo que pude implicar el
progresivo abandono del sector más vulnerable del alumnado.
GESTIÓN AUTORITARIA
Para poder implementar
esta nueva autonomía se propone una gestión autoritaria en los centros
públicos. Se pretende reforzar la autoridad y las funciones de las direcciones
para que puedan tomar decisiones en la gestión de los centros al margen del
profesorado, de las asociaciones de padres y madres, y de los Consejos
escolares. Es evidente que una gestión en la que las direcciones desempeñarán
funciones propias de la patronal, supondrá avanzar hacia un modelo de gestión
autoritaria que eliminará la participación y la capacidad de decisión de la
comunidad educativa en la gestión de los centros y dificultará un trabajo en
equipo que es, precisamente, la mejor garantía del buen funcionamiento de un
centro educativo. Caminar hacia ese sistema exigirá unos cambios en la
estructura actual de los centros públicos, que acabarán definitivamente con su
gestión democrática, atomizando, además, su capacidad de resistencia.
La segunda consecuencia es el fin de la democracia en la
organización de los centros públicos, que quedará en manos de la dirección, al limitar
la participación del profesorado en todas las decisiones, tanto pedagógicas
como organizativas, así como la de los padres y madres. Teniendo en cuenta que
la educación es una tarea colectiva, en la que la participación y el trabajo en
equipo son imprescindibles, otorgar excesivo poder en manos de una sola
persona, no garantiza mejorar la docencia en el aula y puede crear muchos
problemas: arbitrariedad, sumisión, imposición, etc. Todo ello conlleva limitar
la pluralidad pedagógica e ideológica del profesorado, que es una de las
riquezas de nuestros centros públicos, ya que para educar por y para la
democracia hace falta poder ejercerla por parte de toda la comunidad educativa.
Por otro lado, pretender mejorar los resultados escolares del alumnado a base
de organizaciones jerárquicas o de incentivos individuales es un grave error y
un esfuerzo inútil.
ELECCIÓN DE CENTRO
La “libertad” en la educación, reconocida en nuestra legislación, no implica automáticamente el “derecho” a la elección de centro educativo subvencionado por el Estado, tal y como se pretende aplicar. De hecho, en un servicio público como es la educación, el derecho a elegir no debería existir. Primero porque no es posible que una Administración pueda garantizar todas las preferencias individuales; segundo, porque el dinero público no puede utilizarse para satisfacer los intereses personales, sino que debe servir para garantizar la igualdad del servicio para todos los ciudadanos y ciudadanas; y tercero, porque el derecho a elegir no es más que el privilegio de unos pocos que tienen la posibilidad de hacerlo, bien porque su dinero se lo permite (y pueden pagar un centro privado o privado concertado) o bien porque su situación social les permite tener acceso a mayor información, con lo que pueden buscar las estrategias adecuadas para matricular a sus hijos en el centro que deseen. Está perfectamente comprobado que, incluso en igualdad de condiciones económicas, las estrategias de elección son muy distintas según el nivel cultural y la situación social. Las clases populares priman más la proximidad y la convivencia con los amigos, vecinos y hermanos, mientras que las clases más ilustradas priman más la eficacia y el nivel social de los demás alumnos.
La “libertad” en la educación, reconocida en nuestra legislación, no implica automáticamente el “derecho” a la elección de centro educativo subvencionado por el Estado, tal y como se pretende aplicar. De hecho, en un servicio público como es la educación, el derecho a elegir no debería existir. Primero porque no es posible que una Administración pueda garantizar todas las preferencias individuales; segundo, porque el dinero público no puede utilizarse para satisfacer los intereses personales, sino que debe servir para garantizar la igualdad del servicio para todos los ciudadanos y ciudadanas; y tercero, porque el derecho a elegir no es más que el privilegio de unos pocos que tienen la posibilidad de hacerlo, bien porque su dinero se lo permite (y pueden pagar un centro privado o privado concertado) o bien porque su situación social les permite tener acceso a mayor información, con lo que pueden buscar las estrategias adecuadas para matricular a sus hijos en el centro que deseen. Está perfectamente comprobado que, incluso en igualdad de condiciones económicas, las estrategias de elección son muy distintas según el nivel cultural y la situación social. Las clases populares priman más la proximidad y la convivencia con los amigos, vecinos y hermanos, mientras que las clases más ilustradas priman más la eficacia y el nivel social de los demás alumnos.
Así pues, la libertad de elección no es más que una
estrategia para situar a la educación dentro del mercado y, como todo lo que
funciona con las leyes del mercado, los efectos negativos recaen siempre sobre
las clases más populares. Si esta libertad de elección está, además,
subvencionada con dinero público (como sucede actualmente con los conciertos)
nos encontramos delante de un sistema en el que el Estado, en vez de velar por
la igualdad, favorece claramente al sector social más privilegiado y deja en
manos del capital privado la posibilidad de obtener un doble beneficio: la
venta del saber y el control directo de lo que se debe inculcar a los futuros
trabajadores/as.
Apostar por el derecho a elegir centro es apostar
claramente por la desigualdad en la educación. Para que pueda haber elección
debe haber diferencia y ello implica automáticamente la existencia de centros
mejores y centros peores. Mientras que el objetivo de una educación que busque
la igualdad de oportunidades es justamente lo contrario, que las diferencias
entre los centros escolares sean las mínimas y en todo caso, poner los recursos
necesarios (económicos, humanos, de formación, etc.) para que los peores puedan
mejorar. No es con la competitividad entre los centros educativos con lo que se
va a elevar la calidad de la enseñanza, sino que es justamente lo contrario: el
intercambio de experiencias, el trabajo en común, la participación de padres y
madres, los recursos humanos y económicos necesarios, lo que puede elevar el
nivel del “sistema educativo” global.
EVALUACIÓN E INCENTIVOS
Las evaluaciones, y las nuevas reválidas, que
propone el anteproyecto de la
LOMCE tienen un espíritu altamente punitivo para el
profesorado y terminan siendo una carrera de obstáculos para el alumnado. Por
un lado, se devalúa el trabajo que realiza el profesorado y se cuestiona la
evaluación del alumnado que todos y cada uno de los docentes realiza en su aula;
del otro, se intentan vincular los resultados del alumnado a la promoción
económica del profesorado. Finalmente, se pretende establecer rankings entre los
centros. De este modo, aquellos centros que, beneficiados por la composición sociocultural
de su alumnado obtengan unos buenos resultados, tendrán una gran demanda, lo
cual los permitirá hacer una selección del alumnado en función de sus altas
capacidades, lo cual, a su vez, repercutirá todavía más en los propios
resultados. Por el contrario, aquellos centros con una población escolar
marcada por la precariedad económica, los problemas sociales, y las carencias
culturales, verán como sus mejores alumnos marcharán en busca de centros
favorecidos por estos “rankings”, y verán, por lo tanto, degradada su situación
hasta el punto de caer en un pozo educativo del cual es prácticamente imposible
salir. Se trata, pues, de propiciar, por acción y omisión, las escuelas gueto,
que tantas dificultades sufren con objeto de hacer efectiva la igualdad de
oportunidades.
Es evidente que las
evaluaciones son positivas y necesarias, pero siempre y cuando se evalúe para
mejorar, no para clasificar o para penalizar.
LA EMPRESA DENTRO DE LA ESCUELA
Otro de los fenómenos crecientes es la penetración
de las escuelas de negocios en los centros educativos. Un intento de colonización
ideológica que pretenden las élites empresariales para domesticar educativamente
sus futuros trabajadores y limpiar una imagen pública cuestionada.
En Cataluña
ya se ha puesto en marcha el programa “Cataluña, escuela de emprendedores”, con
el cual se pretende inculcar la “cultura emprendedora” en todas las etapas
educativas, desde infantil hasta bachillerato y FP. Parece casi un chiste que,
en medio de una crisis agobiante, con un paro que no cesa de crecer, cuando las
empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, tienen que cerrar estranguladas
por la falta de crédito y de clientes provocada por un aumento de la pobreza,
nuestra consejera de Enseñanza proponga que las escuelas se conviertan en una
“fábrica de empresarios”. Y por otro lado tenemos la generación de jóvenes más
bien formada de nuestra historia, pero con menos oportunidades. Muchos y muchas
de nuestros jóvenes más bien preparados tienen que marchar fuera del país para
poder salir adelante. ¿Porqué queremos formar más emprendedores si los que
tenemos no tienen ningún tipo de posibilidad de salir adelante?
Otra forma de penetración de las empresas en la educación no universitaria son los convenios firmados con fundaciones que dependen de grandes empresas o grandes bancos. Un ejemplo es “Empieza por Educar” a la que se le permite hacerse cargo de la docencia directa en horario lectivo del alumnado de ESO “en condiciones desfavorecidas y con dificultades de aprendizaje” de los centros públicos que se acogen al programa.
Este convenio introduce la presencia en los centros de un profesorado, formado por la propia fundación, que no cumple ninguno de los requisitos que se necesitan para impartir docencia en el sistema público. Pero además, esta fundación, que se presenta a si misma como “entidad sin afán de lucro”, está directamente relacionada con la banca y la especulación financiera y no con el mundo de la educación. Presidida por Patricia Botín y avalada por el Banco de Santander,
La fundación es una filial de la multinacional “Teach for All” implantada con diferentes nombres en 13 países del mundo, desde los Estados Unidos hasta
Todo ello es un paso muy importante hacia la privatización de la enseñanza pública, una puerta abierta a las empresas o corporaciones multinacionales en nuestro sistema educativo y una invasión ideológica, claramente tendenciosa.
FLEXIBILIDAD
LABORAL
Si el modelo paradigmático es la empresa privada, el funcionariado docente
resulta un estorbo y un inconveniente. En efecto, a la empresa privada
competitiva le es esencial disponer de unos trabajadores dóciles,
polifacéticos, reconvertibles, fieles intérpretes del mandato gerencial, y nada
asegura mejor esa disposición que la perpetua incertidumbre sobre la
permanencia en el puesto de trabajo.
Hay, pues, una correlación que no es en absoluto accidental. Si la escuela
pública se pone en cuestión, en su carácter de servicio público, regulado por
el principio del interés general y no por las fluctuaciones de la oferta y la
demanda, lo mismo debe hacerse con el funcionariado docente, pues éste
constituye la columna vertebral de la institución que aún llamamos “escuela
pública”. Por eso, la defensa del estatus funcionarial de los profesores de la
escuela pública, no es simplemente una prioridad sindical, y menos aún, una “reivindicación
corporativa”, sino la defensa de un pilar básico de la enseñanza como servicio
público.
EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Frente a este ataque sin precedentes, la defensa de una educación pública
es más necesaria que nunca. Esta defensa no puede quedar en manos solamente del
profesorado, sino que toda la comunidad educativa y la sociedad en general deben
implicarse, pues se trata de defender un derecho básico y un modelo educativo
que ayude a avanzar hacia un modelo de sociedad más justa y más equitativa.
El sistema educativo no deba estar regido por las leyes del mercado, sino
por principios de justicia y de equidad. La defensa de la educación pública
pasa por la defensa de un modelo de educación basado en los principios de
justicia y equidad, democracia y participación, igualdad de oportunidades y no
segregación, derechos laborales y condiciones de trabajo dignas para el
profesorado, inversión pública y recursos suficientes.
Defender la educación pública implica revertir la situación actual. La
progresiva desaparición de los conciertos educativos es un objetivo básico:
todo el dinero público debería destinarse a los centros de titularidad pública.
Implica, también recuperar la gestión y organización democrática, revertir
todos los recortes laborales y salariales, así como recuperar los recursos
necesarios para atender al alumnado con más dificultades. La lucha por la
educación pública, se enmarca, en definitiva, dentro de la lucha contra la
privatización y los valores neoliberales.
LA EDUCACIÓN COMO
DERECHO UNIVERSAL
La educación es un
DERECHO. Esta afirmación está contemplada en la Declaración de los
Derechos Humanos y también en nuestra Constitución. La educación no es, ni
puede llegar a ser, una mercancía más dentro del mercado, ni una inversión para
aquellos que se lo puedan permitir. La educación no es un lujo ni un
privilegio, es un DERECHO.
Pero sólo la educación
pública asegura este derecho universal. Un sistema educativo que da cobertura a
todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas sin ningún tipo de distinción.
Una educación en la que pueden acceder todos los niños y niñas que viven en
nuestro país. Una educación que todas las personas podemos reclamar y
reivindicar, justamente porque es un DERECHO, no un favor ni un regalo: todos
los ciudadanos y ciudadanas pagamos nuestros impuestos y por ello tenemos el
derecho a exigir esta educación que ya hemos financiado.
Sólo la educación
pública es susceptible de ser reivindicada. Solo la educación pública da
cobertura universal. Por eso es un pilar fundamental para cualquier sociedad
democrática, para asegurar la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
HETEROGENEIDAD Y
DIVERSIDAD
La escuela es el ámbito
de socialización más importante para todos los niños y niñas. Los futuros
ciudadanos y ciudadanas deben socializarse dentro de la realidad en la que van
a vivir el resto de su vida. Y la sociedad es diversa y heterogénea.
La heterogeneidad de la
educación pública es un bien en si mismo. Facilita la relación con todo tipo de
personas y este aprendizaje fomenta la socialización y el respeto, amplia el
conocimiento más allá del ámbito concreto en el que vive la familia propia, el
barrio, la cultura o la clase social.
La escuela pública acoge
todas las culturas, clases sociales, ideologías, religiones, sexos y eso es una
riqueza en el proceso de aprendizaje, tanto académico, como social. Las
estadísticas demuestran que los sistemas educativos más heterogéneos obtienen
mejores resultados académicos.
La diversidad en la
escuela pública no está representada solamente por el alumnado y por las
familias, sino que también el profesorado es diverso y heterogéneo. La
pluralidad ideológica, religiosa, cultural y de clase dentro del profesorado
asegura una pluralidad en las enseñanzas y ayuda a los alumnos y alumnas a una
visión mucho más amplia y mucho más rica de todos aquellos saberes que se
imparten. Esta pluralidad abarca también a los “estilos pedagógicos” que,
gracias a la libertad de cátedra de los centros públicos, facilitan también el
aprendizaje académico.
Esta diversidad sólo la
puede asegurar la educación pública. El acceso (al menos hasta ahora) a la enseñanza
pública hace posible que el criterio de selección sea imparcial y no
segregador. Y, aunque se pueda y de deba mejorar, es un seguro de pluralidad. En
los centros privados, normalmente pertenecientes a patronales religiosas o
directamente vinculadas a una ideología y a una clase económica, no solamente
seleccionan al alumnado, sino también al profesorado, que debe compartir los
valores de las patronales. Todo ello implica que están mucho más cerca del
adoctrinamiento y de una visión dogmática y sesgada de la realidad, lo que hace
muy difícil un aprendizaje amplio y una visión real de la sociedad.
La educación pública,
diversa y heterogénea, es la única que puede favorecer la cohesión social, la
igualdad entre los sexos, la no discriminación por cuestiones de raza, origen
cultural, religión o elección sexual. Sólo educando en la diversidad se puede
acceder al respeto y valoración de la propia diversidad.
LAICIDAD
En un Estado no
confesional, la religión debería estar totalmente fuera de las escuelas. Es del
todo denunciable que, pasados más de 30 años desde la transición, no se hayan
suprimido aún las clases de religión en los centros públicos. Pero, más allá de
esto, lo más grave es que continúen financiando con dinero público centros de
titularidad religiosa.
La apuesta por la
educación pública implica una apuesta decidida por la laicidad en los centros
educativos. La escuela laica es la única que hace posible la convivencia
pacífica entre todos los alumnos, profesen la religión que profesen. No
significa un modelo escolar en contra de nadie, sino a favor de una educación sin dogmas, en valores humanistas y universales, en la
pluralidad y en el respeto a los derechos humanos, en la asunción de la
diferencia y de la diversidad y en los valores éticos, no sexistas y
democráticos. Es la escuela en la que se sienten cómodos tanto los no
creyentes, como los creyentes de las diversas religiones o convicciones, donde
no se estigmatiza o se segrega al alumnado en función de las creencias o las ideologías.
DEMOCRACIA Y
PARTICIPACIÓN
Los centros educativos
públicos se han caracterizado, al menos hasta ahora, por un funcionamiento
democrático y participativo de todo el profesorado y del resto de la comunidad
educativa, en el marco de los consejos escolares.
La educación es una
acción colectiva y, por lo tanto, solo puede desarrollarse en unas condiciones
de participación que hagan posible la toma de decisiones de forma democrática. A
lo largo de todos estos años, antes de la avalancha neoliberal, fueron
muchísimos los centros públicos que, a partir de su profesorado, hicieron posible
muchos avances pedagógicos e innovaciones que mejoraron la educación.
Todo ello, sin embargo,
se está resquebrajando, ya que todas las nuevas leyes educativas van en sentido
contrario y fomentan la gestión piramidal de los centros públicos, con
direcciones “profesionalizadas” con poder de tomar todas las decisiones y
excluir al resto de la comunidad educativa.
La propuesta del
anteproyecto de ley del PP ya contempla este tipo de gestión, profundizando en lo
que ya aparecía en la LOE. Con
Si queremos educar a
nuestro alumnado para vivir y participar en la sociedad de forma democrática,
es evidente que no podemos hacerlo desde centros educativos no democráticos ni
participativos.
TRANSPARENCIA Y CONDICIONES
LABORALES
Con la escuela pública surge el funcionariado docente. Y esto responde a
una filosofía política, a una determinada teoría del Estado. Lo que se pretende
asegurar mediante el régimen funcionarial de los servidores del Estado, es su
neutralidad política en el ejercicio de la función que a cada uno le
corresponde. El funcionario accede a su empleo en virtud de un concurso público
basado —como ahora tanto se repite— en los principios de mérito, capacidad y
publicidad. Es decir, ocupa el puesto que ocupa por sus méritos, no por el
favor de sus superiores. El acceso a su destino y la permanencia de su puesto
están regulados reglamentariamente, así como el tipo de tareas que pueden
encomendársele. Su salario tampoco depende de la arbitraria voluntad de sus
superiores, sino que está, así mismo, tasado por la ley, en definitiva, por el
Parlamento.
Todas estas características del estatus funcionarial no son “privilegios
corporativos” —aunque ciertamente pueda hacerse un mal uso en ocasiones, que
sería igualmente corregible en vía reglamentaria—, sino que configuran un
estatus de seguridad, y de razonable independencia, para que el funcionario en
definitiva sea pura y simplemente un instrumento de la ley.
El estatus funcionarial de los trabajadores del Estado es, pues, un
componente básico del Estado de Derecho. El estatus funcionarial, en
consecuencia, no protege tanto al funcionario frente a las posibles
arbitrariedades de sus superiores, cuanto protege a los ciudadanos, dándoles
garantía de ser tratados por los funcionarios servidores del Estado con
ecuanimidad o neutralidad ideológica y política. Y a esa misma conclusión se
llega si se quiere considerar el reverso de la autonomía propia del estatus
funcionarial, esto es, el principio de responsabilidad de todos sus actos al
que está sujeto todo funcionario, que puede ser sancionado e incluso separado
del servicio por incumplimiento de las leyes y normas.
Pero, en estos momentos, estamos viendo como uno de los ataques más
furibundos es, precisamente, contra el funcionariado. De hecho, los recortes
están incidiendo de una manera escandalosa en las condiciones laborales del
profesorado, que ha visto aumentar sus horas de trabajo, disminuir su salario y
aumentar sus tareas, al mismo tiempo que están aumentando las diferencias entre
el propio profesorado.
A consecuencia de las nuevas políticas sociales y
educativas se está generando un fenómeno laboral a imagen del modelo de relaciones
laborales que asola al resto del mundo laboral. La progresiva diferenciación de
condiciones laborales; la separación entre categorías de funcionarios de
carrera, interinos y sustitutos; los diferentes complementos por etapas y
modelos de coordinación, la precarización del personal sustituto, complementos
diferenciados de tutoría, complementos vinculados al incremento voluntario del
horario lectivo, las propuestas de las direcciones, muchas de las cuales vinculadas
a proyectos de autonomía; la pérdida de referentes políticos y sindicales; la
constatación de una cierta “fractura generacional” dentro de algunos centros,
con colectivos que asumen valores diferenciados, han propiciado una atomización
del profesorado.
Esta atomización se traduce en un aumento de la individualización de las relaciones laborales, tanto respecto a la administración, como a las direcciones y en los claustros, lo cual, a su vez, dificulta la circulación de información y propicia una cierta pasividad respecto a las agresiones comunes que sufren los enseñantes. O peor todavía, parece poder acabar con una cierta cultura solidaria y de pertenencia colectiva.
De hecho, esta atomización ha comportado menos vida
comunitaria en las salas de profesores, en los claustros y en los departamentos.
La diferencia creciente de condiciones laborales tiene como daños colaterales,
reales o posibles, una diferencia en el grado de implicación, tanto educativa,
como emocional, laboral y sindical.
RECORTES Y NUEVA
PROPUESTA DE LEY
Con la crisis como
excusa, los recortes en educación, al igual que los recortes en los demás
servicios públicos, están siendo terriblemente agresivos y afectan gravemente a
los sectores más vulnerables de la comunidad educativa: profesorado interino y
substituto, alumnado con más dificultades y familias con menos recursos económicos. Pero, además, como se está
comprobando, son totalmente inútiles para salir de la crisis o paliar el
déficit público.
Pero lo que sí se está consiguiendo
es desmantelar la educación pública, que, en realidad, es su verdadero objetivo.
Los centros educativos públicos están pasando su peor momento, con aulas
masificadas, clases sin profesores porque no llegan los substitutos/as hasta
pasados 10 días, miles de docentes en la calle sin trabajo, el profesorado
obligado a trabajar más y cobrar menos, padres y madres que no pueden pagar las
guarderías, niños y niñas sin comedor escolar i jóvenes con dificultades para
pagar las nuevas tasas de las universidades y también de la
FP. Pero
Pero no son sólo los recortes, está ya en marcha un nuevo
anteproyecto de ley (LOMCE) con propuestas altamente preocupantes, algunas
terriblemente retrógradas, como las antiguas reválidas estatales y el cuerpo de
directores, que nos retrotraen a tiempos predemocráticos.
Las propuestas persiguen una re-centralización y un mayor control del Estado con respecto a
las autonomías, son segregadoras para el alumnado y proponen la desaparición
total de la democracia en el funcionamiento de los centros.
La reducción, en un 10%, de la parte del
temario escolar que deciden las autonomías, más las nuevas evaluaciones y
reválidas estatales, no parece que sean medidas pedagógicas que ayudarán a
disminuir el fracaso escolar, más bien es un intento de mayor control de los
contenidos por parte del Ministerio.
Las dos reválidas al finalizar 4º de ESO, distintas
para el alumnado que ha cursado el itinerario de FP o el de Bachillerato,
implican crear dos títulos diferenciados
que dan acceso a dos tipologías de estudios, lo que no ayuda en absoluto a la
necesidad de abrir el sistema educativo y que sea más fácil transitar entre
distintas opciones post-obligatorias. Parece, más bien, que los alumnos/as que
opten por la reválida de FP tendrán mucho más difícil acceder a un Bachillerato
o a un ciclo de FP superior, lo que aumenta la fractura educativa. Y añadir
otra reválida al finalizar el bachillerato, además de las pruebas que cada
universidad tiene la competencia de hacer, implica también aumentar las
dificultades para acceder a los estudios universitarios.
Se crea también un nuevo ciclo de FP, la Formación Profesional
Básica, a la que el alumnado podrá acceder con 15 años y que no dará opción a
obtener el Graduado en ESO. Esta medida abre la puerta a la marginación de
cierto sector del alumnado con dificultades, al que el sistema educativo no
sabe dar respuesta y opta por la vía fácil, la de mantenerlo con un subtítulo
inferior a una Educación obligatoria y echarlo del sistema a los 16 años sin
posibilidad factible de volver a entrar. En vez de apostar por recursos que
permitan atender a este alumnado con más dificultades, se da un paso atrás de gigante
al desmantelar la universalidad y la homogeneidad de la educación básica
obligatoria hasta los 16 años.
Finalmente, el anteproyecto también anula la
potestad que hasta ahora tenían los consejos escolares para «aprobar y evaluar
el proyecto educativo y el proyecto de gestión, así como las normas de
organización y funcionamiento de los centros» y, al mismo tiempo, se aumenta la
profesionalización de las direcciones y se dota de más recursos a los centros
que propongan proyectos de mejora. Se consolida así un modelo de gestión
totalmente piramidal y se estimula la creación de centros públicos de distintas “categorías”, estimulando la
competitividad dentro de la red de centros públicos.
En definitiva, un modelo de educación cada
vez más neoliberal y más segregador, menos participativo y más autoritario. Una
contrarreforma que no contempla medidas pedagógicas contra el fracaso escolar o el
abandono prematuro. Unos cambios que, junto a todos los recortes, no harán más
que aumentar las desigualdades educativas.
Hay que decir, también, que muchas de las
propuestas de este nuevo proyecto de Ley del PP están ya implantadas en
Cataluña, donde un gobierno, presuntamente de izquierdas, aprobó en 2009 la Llei d’Educació de Catalunya
(LEC), guiada totalmente por los principios neoliberales en educación.
LUCHAS, MOVILIZACIONES Y
RESISTENCIA
Frente a toda esta
situación, el profesorado, los padres y madres, los estudiantes y la sociedad
en general se ha organizado y, cada vez más, hay un sinfín de protestas y
movilizaciones, a lo largo y ancho de todo el Estado, para defender conjuntamente
una educación pública de cualidad y los recursos necesarios para poder hacerla
realidad. Es muy importante que las protestas hayan superado el ámbito
propiamente laboral del profesorado y se hayan insertado en la demanda
ciudadana de un servicio público básico como es la educación.
En estos tiempos de
ataque feroz a todos los derechos sociales y laborales, que tantos esfuerzos
costó conseguir, es más importante que nunca, divulgar la información y ampliar
la conciencia de todo lo que significa este intento de desmantelar la educación
pública y acabar con un modelo educativo público, democrático, laico, de acceso
universal y de compensación de desigualdades. Nos estamos jugando el futuro de
nuestra sociedad.
Es imprescindible
revertir esta situación y volver a conquistar el derecho a una educación que
haga posible la equidad social y una formación humana, técnica y profesional
para todos los futuros ciudadanos y ciudadanas. Es imprescindible dotar a
nuestros jóvenes de todas las herramientas necesarias, no sólo para su futuro profesional
y laboral, sino también, para que sean capaces de analizar, participar y
mejorar la sociedad.
Y para ello hace falta
librar esta lucha en todos los ámbitos. Dentro del centro es importante
recuperar el funcionamiento democrático y participativo, con decisiones
conjuntas, tanto a nivel pedagógico, organizativo como reivindicativo. Hay que
recuperar las asambleas, los claustros informativos con poder de decisión, las
luchas conjuntas y la desobediencia pasiva si ello hace falta. Es preciso,
también, recuperar la solidaridad entre el profesorado como colectivo, tanto
dentro como fuera del centro, huyendo de la competitividad en la que quieren
instalarnos. Es importante la defensa de los derechos de todo el alumnado y de
todo el profesorado, en especial de los más vulnerables. Finalmente, es
importante consolidar la participación de toda la comunidad educativa:
asambleas, charlas, movilizaciones conjuntas con el alumnado, padres y madres,
profesorado, trabajadores laborales.
Es necesario, también,
consolidar alianzas entre los centros de un mismo municipio, barrio o
localidad, y entre los centros educativos y el resto de organizaciones:
asambleas, asociaciones de vecinos, padres y madres, etc. Es un buen momento para
organizar acciones y movilizaciones conjuntas, jornadas educativas, jornadas
reivindicativas, etc.
Finalmente, es
importante situar la reivindicación de un determinado modelo de educación
pública dentro de las reivindicaciones más globales, tanto por la defensa de
todos los servicios públicos, como por la defensa de los derechos de todos los
trabajadores y trabajadoras, contra la precariedad laboral y el empeoramiento
de las condiciones laborales: huelgas generales, movilizaciones del 15M,
convocatorias de sindicatos, etc.
Hay que dejar bien claro
que no se trata solamente de la defensa de más recursos, sino también, de la
defensa de un modelo de educación que se aleje del paradigma neoliberal. No es
suficiente ganar la batalla de los recursos, es necesario también ganar la
batalla de las ideas.
Se trata de recuperar unos presupuestos que hagan posible un buen
funcionamiento de los centros públicos y unas condiciones dignas para el
trabajo docente, pero se trata, también de recuperar la organización democrática,
la revalorización de la escuela pública por encima la privada, con la desaparición
progresiva de los conciertos educativos. Se trata también de construir una
educación que pueda dar una formación integral, académica, técnica y ética, que
promocione la cooperación y la solidaridad, el gusto por el estudio y la
cultura, y la capacidad de analizar críticamente los fenómenos sociales y
actuar en beneficio de la equidad, la no discriminación, la no violencia, el
respeto a todas las culturas y la preocupación por el medio ambiente.
Nunca debemos olvidar que la escuela es tanto un espacio de transmisión de
la ideología dominante, como un espacio de resistencia y confrontación, y que
en ella se reflejan no solo los valores de los grupos hegemónicos sino también
las prácticas de los grupos subordinados. Que las escuelas y los centros
educativos, en general, gozan de una autonomía ciertamente relativa, pero que
les permite dejar de ser fieles servidores de los grupos dominantes y trabajar
por valores, contenidos y objetivos alternativos.
Debemos recuperar algunos de los postulados que nos dejaron los autores de
la pedagogía crítica y de la resistencia (Paulo Freire, Henry Giroux, Stanley
Aronowitz, Michael Apple, Paul Willis y Peter Mc. Laren), y no olvidar que
“Cualquier práctica pedagógica genuina exige un compromiso con la
transformación social en solidaridad con los grupos subordinados y marginados”
(Mc Laren, 1984; 198).
En
definitiva, no debemos permitir que se consolide una educación al servicio de
las empresas y mucho menos que las
empresas dicten lo que se tiene que enseñar en las aulas. No debemos permitir
que se implanten objetivos y valores tan descaradamente al servicio de la
ideología más neoliberal que es, precisamente, la que nos ha llevado a la
actual crisis, a la desigualdad, a la pobreza y a la falta de democracia. Es
preciso que el profesorado recupere su verdadera autoridad y eduque a nuestros
niños y niñas, chicos y chicas, en un sistema de valores que les ayude a vivir
con dignidad y a mejorar esta sociedad, cada vez más injusta y más desigual.
Hace falta, también, que se rechace de manera contundente cualquier intento de
privatizar la educación pública y luchar por recuperar unos presupuestos que
permitan ofrecer a todos los alumnos y alumnas una educación de cualidad,
ideológica y democrática, para que puedan afrontar su futuro y cambiarlo si es
necesario.
