by Carmen
Rodríguez Martínez, TE trabajadores/as
de la enseñanza. Junio-Julio 2014
Nuestro país ha
arrastrado déficits profundos en educación por el retraso que supuso la
dictadura. La educación nunca fue función del Estado quien cede su monopolio a
la iglesia, sin la suficiente provisión de plazas y con un profesorado
deficientemente formado que debía ser afecto al régimen. Esto y el modelo de
producción económica, en una España rural, nos sitúan en la transición con un
analfabetismo que en algunas zonas, como Andalucía y Castilla la Mancha, ronda
el 40% de la población. En esta transición, la extensión y la democratización
han sido el propósito a alcanzar, no sin dificultades y con algunos errores.
Desde el año 2000
llegan los discursos europeos sobre la convergencia de las políticas educativas
que van a suponer un nuevo retraso. Plantean un nuevo “régimen” para el control
de la educación, preocupados por los “benchmarks”, las competencias, la cultura
emprendedora y las evaluaciones. La educación pública es cedida de nuevo por el
Estado, ahora a la lógica del mercado y la competitividad porque hay que
modelarla para que sea un instrumento para la producción de “capital humano”.
Una cultura escolar
que ha nacido en nuestro país con graves retrasos y acostumbrada al control
ideológico y a ejercer el dominio sobre la personalidad de los estudiantes,
empieza a “maridar” con el mercado. Todas las políticas neoliberales que se han
aplicado, incluso con anterioridad a la LOMCE, han significado la ruptura con
la anhelada idea de igualdad y de nuestra esperanza en una vida mejor. Caminan
en una dirección contraria a la deseada por la izquierda educativa de nuestro
país. Son políticas que desarticulan el estado de bienestar y ofrecen los
servicios sociales a la privatización y al negocio. Han recortado la educación
en 6.000 millones de euros y se han perdido más de 60.000 puestos docentes. No
les interesa la educación, no la educación de toda la población. En un país
cuya inversión no ha alcanzado nunca la media de los países europeos, el 5,5%
del PIB, se atreven a decir que la inversión no mejora la calidad educativa.
Aumentan la privatización de la enseñanza y el elitismo expulsando al alumnado
más vulnerable de la escuela. Es el saqueo del derecho a la educación, el robo
de los derechos y de los sueños.
Una nuevo “régimen”:
el control ideológico de la educación
Dos factores clave
para producir un cambio real en las escuelas so las políticas de profesorado y
de currículum, aparte de una buena inversión con una asignación adecuada.
Primer
paso: degradar el trabajo del profesorado
A las políticas
neoliberales les interesa degradar el trabajo del profesorado y convertirlo en
un asalariado sin autonomía, sujeto al control externo de las evaluaciones y de
los vaivenes de las políticas de turno. Parten del supuesto de que la
intervención del Estado en políticas públicas es un despilfarro innecesario y
consideran a los empleados públicos en general personas acomodadas a un trabajo
fijo, perezosas y consecuentemente poco eficaces. Primero van hacia los más
vulnerables y eliminan los derechos consolidados del profesorado interino, tras
años de experiencia y oposiciones aprobadas sin plaza. Reducen las plazas de las
oposiciones y cambian los criterios de las bolsas de trabajo para primar la
nota de la oposición a la experiencia.
A la vez modifican
las condiciones laborales del profesorado, en salarios, horario y número de
alumnos por clase, perjudicando claramente la convivencia en los centros y la
atención personal que necesita el alumnado más vulnerable. Y crean un discurso
catastrofista sobre las carencias del profesorado en conocimientos generales --no profesionales, ni
prácticos--, sobre sus altos salarios
--que ocupa los puestos más bajos en los rankings europeos-- y el bajo número
de horas que trabajan --sin considerar que el oficio se extiende más allá de
las horas directas con el alumnado.
Todo ello encaminado
hacia la des-acreditación del profesorado funcionario y abriendo camino hacia
la contratación directa por parte del director, que en Cataluña ya es un hecho.
Un director que se convierte en jefe de personal, elegido por una comisión en
la que la Administración educativa es mayoría y al que la LOMCE le da la
competencia para decidir lo que antes se realizaba democráticamente en los
consejos escolares.
Ya la OCDE,
interesada en el desarrollo económico macro y la explotación micro, cuestiona
en 2012 el modelo funcionarial de la docencia pública española, infravalorando
la experiencia del profesorado y lamentando que los directores no puedan
influir en la selección del personal de los centros.
Los discursos
acaecidos en los últimos tiempos sobre la formación, la selección y las
condiciones del trabajo del profesorado son un caldo de cultivo para degradar
la formación, el estatus y la experiencia docente. En realidad no están
preocupados por la capacitación ni por la experiencia, al menos en los colegios
privados-concertados la oposición no es un requisito y esto no les preocupa. Se
trata de suprimir puestos docentes estables, dar paso a la contratación directa
y progresivamente reducir las oposiciones. A la vez se cuestiona la formación
en la universidad, para abrir el camino hacia la formación por empresas
privadas, en programas de vía rápida, que ya existen en otros países como EEUU,
bajo un modelo de meros transmisores de conocimiento.
Segundo
paso: el control del currículum
Las políticas
neoliberales demandan competencias para el mundo del trabajo basadas en
conocimientos utilitaristas, especializados o instrumentales que eviten las
materias creativas y el desarrollo del pensamiento crítico.
La educación es
generadora de libertad, de pensamiento; por ello el control sobre los
contenidos es un ejercicio de dominio sobre el desarrollo de la personalidad.
Las políticas curriculares que se están poniendo en marcha con la LOMCE suponen
el desarrollo de currículos extensos en función de la ideología del grupo
político dominante. En el nuevo currículum de primaria podemos ver cómo alteran
la memoria del pasado y la sustituyen por hechos y acontecimientos que
pretenden enaltecer el chovinismo patriótico, y seleccionar una historia
“particular”, mientras se destruye el interés por los contenidos culturales, la
enseñanza reflexiva, el arte...
La regulación del
currículum no solo afecta al control de los contenidos sino a la forma de
enseñar y de evaluar al alumnado. Según las últimas modas neoliberales se
incluyen competencias y estándares de aprendizaje que convierten en control
burocrático un asunto que corresponde a la profesión docente. Para el
profesorado significa control sobre su trabajo y sobre lo que debe enseñar,
quitándole la posibilidad de adaptarse a las necesidades de su alumnado y
desarrollar proyectos de innovación. Subyace la idea de que el conocimiento no
es una construcción social y local, todo el mundo debe aprender las mismas
“verdades consagradas”.
Los “estándares de
aprendizaje evaluables” refuerzan el tipo de aprendizajes memorísticos, aplicados,
e instrumentales que son los que se pueden medir con evaluaciones externas. Conducen a un
aprendizaje mediocre, como ya está constatado en países como EEUU o Chile.
Diane Ravit, responsable de política educativa de test en los mandatos de
Clinton y Bush, ha denunciado el desastre que suponen estas evaluaciones.
Nuestra esperanza en
un mundo mejor: el derecho a la educación
La reconstrucción de
la idea de igualdad y ciudadanía es la principal urgencia en nuestro sistema
educativo para no privar a generaciones de niños y niñas de su derecho a la
educación. Una igualdad respetuosa con la singularidad y la diferencia. Y una
ciudadanía, desde una concepción republicana, que implique libertad individual
y libertad civil, que no permita la dominación de individuos que tienen unas
relaciones asimétricas de poder. El Estado es quien protege la libertad del
ciudadano y solo la escuela pública puede garantizar la igualdad en el acceso y
en el desarrollo de una vida plural, frente a la selección, el elitismo y la
competencia. Es el interés público, frente al interés del público.
Aprendizajes
relevantes y currículo flexible
El derecho a la educación no es solo el acceso,
sino el desarrollo de las capacidades que van a permitir tener una vida
autónoma, plural y que desde la dignidad propia se viva para los demás. Esto se
consigue con una
educación en la que se realicen aprendizajes relevantes, que no se midan solo
en función de las ganancias, sino por su capacidad para promover un desarrollo
personal y social. Una educación que no busca solo el desarrollo del individuo
en competencia para ser el mejor, sino el desarrollo integral del ser humano,
como persona y miembro de una comunidad.
Educación que debe
responder a una agenda social ante los nuevos retos de la humanidad: la
globalización, la degradación medioambiental, las dificultades económicas y
financieras, la mejora de la democracia... Es decir, formación de personas para un desarrollo
sostenible mundial.
Para promover la
autonomía del alumnado y responder a sus necesidades el currículum en general
no debe ser minuciosamente regulado mediante textos legislativos, sino tan solo
incluir directrices muy generales. Aspectos educativos como éste deben ser
debatidos en foros académicos y por el propio profesorado, como ocurre en
cualquier profesión que confíe en el juicio de sus profesionales.
Profesorado
con pluralidad de visiones y autonomía
La escuela es un instrumento básico para el
desarrollo de la autonomía, la
conciencia y la responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas y para ello se
requiere un profesorado que sea libre y autónomo en su relación con el
conocimiento y frente a los políticos, sean quienes sean.
La figura del
funcionario se crea en España en el s. XIX, para que los trabajadores y trabajadoras
de la administración no fluctuaran cada vez que un nuevo partido llegaba al
poder. Es consecuencia de un pacto entre los propios partidos para garantizar
que estas personas tuvieran unos conocimientos adecuados y pudieran mantener
una relación con la ética pública, como diría Weber, y por este cauce, abre el
horizonte del bien general, como marco de su actuación.
Las voces que van en
contra de su estabilidad y autonomía dicen que quieren incentivar o penalizar
su trabajo para conseguir que sea más eficaz, pero en realidad quieren
precarizar sus condiciones y su cualificación. La estabilidad, la autonomía y
un status y consideración adecuados del profesorado son los únicos elementos
que pueden garantizar una educación de calidad, que no sirva a los designios de
los políticos.
La profesionalización
y mejora de la docencia fijarán el objetivo en el alumnado y no en los
intereses ideológicos de las diferentes reformas. Para educar a ciudadanos y
ciudadanas libres hace falta una pluralidad de visiones e independencia del
poder político. La estabilidad en el puesto de trabajo garantiza la
imparcialidad.
Para terminar
El modelo neoliberal
se extiende más allá del ámbito económico para abarcar dimensiones sociales y
éticas que significan la degradación del trabajo, la ruptura de solidaridades y
la desintegración de la cohesión social. El modelo educativo copia los
principios del mercado y la LOMCE, con la excusa de conseguir escuelas eficaces
que preparen para el mundo laboral, propone centros con mayor autonomía pero
controlados en sus resultados y en situación de fuerte competencia para adecuar
la formación a las nuevas demandas y tendencias. Degradan la oferta pública y
abren la entrada a la privada para ahorrar costes y aumentar la desigualdad. Ello,
unido al control ideológico del profesorado y del currículo, afianzan y
multiplican todas las reminiscencias aún presentes en nuestra cultura escolar,
fuertemente transmisora y homogeneizadora. Forman a trabajadores adaptables y
resistentes al cambio a través de la privación cultural.
Las políticas
neoliberales llevadas a cabo por la derecha pedagógica de nuestro país,
significan una instrumentalización de la educación y la degradación de la
democracia, conducen a la pérdida de dignidad, cuando las personas y los
principios que fundamentan su vida se convierten en mercancías.
