by José
Gimeno, Enrique Díez, Carmen Rodríguez, José Luis Pazos y Rodrigo J. García pertenecen al Foro de
Sevilla.
“…sólo
se es libre si todos son libres y, para ello, debe haber igualdad” (Rousseau)
Detrás de las
invocaciones a la “libertad” de elección de centro lo que se esconde es el
rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los que no son de
la misma clase.
La teoría de la
elección pública (TEP), extendida en los procesos de reforma educativa globales,
tiene como objetivo, según sus defensores, que los centros escolares
(proveedores de educación) se esfuercen en ofrecer un producto atractivo a la
medida de las demandas de las familias, dentro de la gestión y en la lógica de
los mecanismos de cuasi-mercado (mercado financiado públicamente), para que
todas las personas puedan elegir aquel que más ventajas les pueda reportar.
La estrategia se basa
en la desregulación de las zonas escolares y los criterios preferentes de
elección, junto a la competencia incentivada por sistemas de pruebas
estandarizadas y ranking, y una financiación competitiva que premiará a las
escuelas que más demanda consigan. Argumentan sus promotores, que se mejora la
calidad del sistema educativo porque así los centros tratarán de diferenciarse
y subordinarse a las decisiones y preferencias de las familias. Al igual que
otras industrias, textiles, automovilísticas o pirotécnicas…, adaptan sus
productos a los requerimientos del mercado.
Lógicamente, solo tendrá
sentido la elección de centros en sistemas educativos con una oferta
diferenciada. La situación de nuestro país al respecto es propicia para su
aplicación porque ya contamos con dos redes escolares, pública y concertada
(centros privados sostenidos con fondos públicos). España constituye un caso
singular dentro del panorama internacional.
Desde mediados del
siglo XIX, se ha venido desarrollando en España una amplia y sólida malla de
centros escolares privados, muy mayoritariamente de confesión católica. Sin
embargo. A partir de 1985, con la aprobación de la LODE, es cuando la figura
del colegio concertado adquiere carta
de naturaleza legal y se consolida como una categoría propia, al lado de los
centros públicos y de los centros privados sin financiación pública alguna.
En un primer momento,
las subvenciones a centros privados a través de los conciertos educativos se
justificaban como un complemento de red pública que carecía de suficientes
plazas escolares en un momento en el que existía una creciente demanda, por el
fuerte crecimiento demográfico y, posteriormente, la ampliación de los años de
escolarización obligatoria.
Aunque empezó como
una situación provisional, la financiación pública de opciones educativas
privadas seguirá aumentando año tras año en España. Actualmente la situación es
que prácticamente toda la enseñanza privada se encuentra concertada. Y lo más
significativo es que el 63% de este sector privado (que representa un tercio de
la oferta de enseñanza en su conjunto) corresponde a centros docentes de la
Iglesia católica, que constituyen un auténtico subsistema consolidado y con
gran poder.
Si en la UE la
enseñanza secundaria privada (básicamente financiada con recursos públicos) es
del 15,1%, en España alcanza el 31,66%[1].
Y en algunas de las Comunidades en las que han gobernado partidos conservadores
el porcentaje supera ya el 50% (Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco). Esta
tendencia se justifica desde los sectores conservadores y neoliberales como la
respuesta a una supuesta “mayor demanda” por parte de las familias y una pérdida
de poder del Estado. Existe una profusa investigación que sostiene (incluso
PISA) que la enseñanza privada no tiene más calidad que la pública. En los
casos en los que se producen diferencias se debe a las desigualdades en el
capital social, económico y cultural, que son más favorables en la población de
los centros concertados, y sobre todo si no admiten alumnado de familias
migrantes, minorías y de clases bajas.
La doble red de
centros, aún sin estar des-regulados los criterios para la elección de centro,
al menos a nivel de estado, se han convertido en garantía de desigualdad, por
el fraude en la aplicación de los requisitos con que se ha llevado a cabo la
selección del alumnado, en cuanto a segregación de inmigrantes, separación por
sexos y distribución por clases sociales. También por la selección directa e
indirecta del alumnado en los centros concertados a través del copago de
actividades o tasas “voluntarias”, la religión católica como ideario excluyente
y las propias zonificaciones geográficas que han favorecido esta selección.
El modelo neoliberal
parte del axioma, según el cual, las personas son responsables individualmente
de su posible bienestar. Depende únicamente del mérito y del esfuerzo propio lo que se consigue en la
vida. Así, los rendimientos escolares dependen del esfuerzo, del talento del
alumnado y de las familias que se preocupan especialmente de sus hijos e hijas;
por eso reclamarán derecho a tener
mejores condiciones, profesorado y escuelas. El análisis de coste oportunidad,
establece que el sistema educativo debe rentabilizar la inversión educativa en
quienes quieren y pueden.
El capitalismo, como
ideología y ética social, reclama una lógica competitiva y de mercado, que
combina el individualismo y la “elección de centro” con políticas de “cierre
social” que, ante la masificación de los estudios de secundaria y superiores,
garanticen que sus vástagos, sirviéndose de su capital cultural (información,
relaciones...) y económico (posibilidades de residencia, desplazamientos,
actividades suplementarias...) accedan a grupos homogéneos de élite y tengan
más posibilidades de éxito.
Investigaciones realizadas
en los últimos años muestran que las razones para elegir centro tienen que ver
con el nivel socio económico de las familias, donde quienes demandan esa
“preferencia de selección” buscan su “segmento social”. Además las personas con menos recursos
encontrarán dificultades para hacerlo por limitaciones financieras, geográficas
y sociales. Uno elige el centro que encaja en el
estatus que espera que su hijo ocupe en el futuro, dentro de sus posibilidades. Se
recubre de derecho individual lo que es una selección social demandada por clases
sociales altas y medias.
Con el agravante de
que los centros educativos empiezan a competir por atraer a estudiantes con las
mejores actitudes hacia el aprendizaje y la disciplina escolar, que son las que
garantizan unas buenas condiciones para enseñar y unos buenos resultados
académicos para la escuela. Y es el centro que recibe más demandas quien, en
definitiva, elige a sus clientes y no al revés, porque establece una serie de
criterios para “discriminar” quién accede y quién no. Por eso nos encontramos
actualmente que el 80% del alumnado con necesidades educativas o de minorías y
migración están en los centros públicos.
En definitiva, el
sistema de “elección de centro” se basa en la lógica individualista de la
“ética del más fuerte” y no en la lógica igualitaria de la pluralidad y la
convivencia. Esta preferencia de selección no puede considerarse un derecho
porque no solo no favorece una educación mejor y más equitativa para todos los
niños y las niñas, sino que, más bien, provoca la redefinición y restricción de
los fines de la educación, la segregación y el aumento de la estratificación
social, el drenaje de recursos desde escuelas públicas ya empobrecidas hacia
las escuelas privadas, con frecuencia religiosas, y la conversión de la
educación en un negocio, perjudicando aún más a los grupos menos favorecidos.
[1]
En la ESO el peso de la enseñanza privada es sensiblemente más alto en la ESO
que en el Bachillerato. Estos datos se refieren a las enseñanzas medias (ESO y
Bachillerato, curso 2015-2016). Fuente: Ministerio de Educación y Deporte,
Estadísticas de la educación. Datos y cifras 2016.
